Los 5 mil millones que Borge robó a los mayas: CNN Expansión

CHETUMAL (Expansión) – Su voz vibra e invade todo el salón de sesiones del Congreso de Quintana Roo, su acento maya se mete por los oídos de todos los presentes, quienes sueltan un aplauso estruendoso luego de escuchar las palabras: “Lo más triste es el robo descarado e impune de Roberto Borge”. Es la voz de Ángel Jacinto Noh Tun, el estudiante de sexto de primaria, que esta mañana de abril ocupa una curul como diputado del Parlamento Infantil.

El pequeño legislador representa al municipio de José María Morelos, el más pobre de la entidad, donde el 73.2% de su población vive bajo esa condición y 26.8% vive en pobreza extrema. Ángel Jacinto vive en X-Cabil, una comunidad ubicada más cerca a los territorios de Yucatán, que al paradisíaco Caribe Mexicano que recibe a turistas de todo el mundo en las grandes cadenas hoteleras.

La escuela rural “Cuauhtémoc” a la que asiste todos los días y donde su maestro le ayudó a preparar su discurso de esa mañana, es la única primaria de la comunidad, cuyas calles, excepto la principal, son de tierra. Sus habitantes carecen de teléfono y el internet en casa es aún un sueño. En X-Cabil, siete de cada 10 habitantes no disponen de refrigerador ni excusado y 78.3% no cuenta con drenaje. Son los más pobres de Quintana Roo.

Primera entrega: Los Piratas de Borge y el robo del tesoro: 16,000 mdp

Ángel Jacinto vive en X-Cabil, una comunidad ubicada más cerca de los territorios de Yucatán que del paradisíaco Caribe Mexicano que recibe a turistas de todo el mundo en las grandes cadenas hoteleras.

El niño estudia en primaria rural “Cuauhtémoc”, donde su maestro le ayudó a preparar su discurso de esa mañana. Es la única primaria de la comunidad, cuyas calles, excepto la principal, son de tierra. Sus habitantes carecen de teléfono y el internet en casa es aún un sueño. En X-Cabil, siete de cada 10 habitantes no disponen de refrigerador ni excusado y 78.3% no cuenta con drenaje. Son los más pobres de Quintana Roo.

Cuando Ángel Jacinto habla de pobreza, lo hace porque convive con ella a diario y, a sus 11 años, también sabe de la indignación que causa la corrupción, a la que culpa de la miseria en este pedazo de tierra al margen del paraíso.

El discurso que se viralizó en redes sociales fue pronunciado por Ángel Jacinto 39 días antes de que el exgobernador fuera aprehendido en Panamá, donde hoy está recluido en espera de ser extraditado por vender ilegalmente una de las cosas más sagradas en el mundo maya: la tierra.

En una entrevista con Luces del Siglo, Ángel Jacinto cuestionó el paradero de 1.3 millones de pesos que se destinaron para mejorar su escuela a través del programa “Escuelas al 100” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pues, dijo, “sólo pintaron las paredes”.

La misma pregunta es pertinente sobre el presunto desfalco de 16,000 millones de pesos al estado cometido por Roberto Borge y sus piratas.

Aquí, algunas de las rutas encontradas en los mapas de corrupción del expriista.

APOYOS SIMULADOS AL CAMPO

El 4 de enero de 2013, el exgobernador Roberto Borge hizo un anuncio importante para recibir el nuevo año: el campo quintanarroense recibiría una inversión “sin precedente” e impulso a nuevos cultivos como soya, estevia, cacao, piña y sorgo, que complementarían a los tradicionales de caña de azúcar, maíz y frijol.

La inversión proveniente de distintas dependencias de su gobierno serviría para beneficiar a productores en los municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y José María Morelos, cinco de los municipios con mayor rezago económico e índices de pobreza del estado.

Borge no mintió, no en el papel. En los siguientes cuatro años, la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural e Indígena (Sedari) concentró recursos por 4,800 millones de pesos, convirtiéndose en la dependencia más poderosa al acumular el 20% del presupuesto total del estado.

Pero Borge se fue y el campo de Quinta Roo, alejado de las concurridas playas del Caribe, se quedó en espera de la promesa. Los recursos nunca llegaron a los productores y hoy las autoridades del nuevo gobierno y la Auditoría Superior del Estado (ASE) siguen la pista al dinero que se “esfumó” de las cuentas de la Sedari con los apoyos prometidos a los productores.

Uno de los municipios que serían beneficiados justo es el de Ángel Jacinto. Ahí, donde un niño de sexto año de primaria dice que los apoyos no llegan por la corrupción. Ahí, donde él y su familia atesoran los cuatro colmenares que tienen para producir miel para autoconsumo y venta a pequeña escala en los alrededores de su comunidad.

LOS DESVÍOS

De acuerdo con un informe contable oficial al que tuvo acceso Expansión, la entrega de recursos fue probablemente simulada por la autoridad a través de la creación de un programa fachada y de la falsificación de comprobantes de entrega de recursos.

El dinero se habría extraído de las cuentas de la Sedari desde el mismo año en el que Borge informó sobre su gran inversión al campo, aunque el modus operandi del saqueo se observó a partir de los ejercicios presupuestales de 2015 y 2016.

Según los documentos, para 2015 las irregularidades sumaron 1,522 millones de pesos, mientras que para el 2016 alcanzaron 1,850 mdp.

En el Decreto de Presupuesto de Egresos 2015 aprobado por el Congreso local, se autorizó a la secretaría 310.1 millones de pesos, mientras que para 2016 los recursos avalados fueron 273.1 mdp.

En ambos años, el gobierno de Roberto Borge, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), autorizó ampliaciones presupuestarias millonarias para la dependencia. Para el 2015, los recursos crecieron a 1,806.6 mdp (549% más), mientras que para el 2016 el presupuesto ampliado llegó a 2,031.7 millones de pesos (555% más).

Los recursos del orden estatal abastecidos por la Sefiplan fueron inyectados al programa de “Impulso a la Competitividad del Campo”, de donde se distribuirían a favor de unos 30,000 campesinos.

Los recursos estaban dirigidos a los programas de cultivos de maíz, hortalizas, chile y frijol, pero los apoyos nunca llegaron a manos de los campesinos.

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Expansión, la dependencia no abrió una cuenta bancaria específica para depositar los fondos, sino que fueron enviados a una cuenta bancaria controlada por un funcionario de la dependencia y luego dispersados por medio de cheques a trabajadores. Se desconoce el destino de los recursos.

Según el informe, la acreditación de la entrega de los recursos a sus legítimos destinatarios implicó la creación de una lista de raya con nombres y números de credenciales de elector que supuestamente fueron firmadas por los campesinos beneficiarios.

De acuerdo con el información entregada a Expansión, mientras que la mayoría de los apoyos oscilaba entre 9,000 y 25,000 pesos, se detectaron otros que otros alcanzaban 300,000 pesos.

Para corroborar la información, la Auditoría Superior del Estado escogió una muestra aleatoria y buscó a los campesinos. La sospecha se confirmó: los labriegos desconocían el programa de apoyo y negaron haber firmado los documentos que avalaron la entrega de recursos.

Una de las líneas de investigación que se siguen al caso es que las listas de raya fueron fabricadas a partir de los datos del padrón electoral.

Muchos de los cheques fueron autorizados como “gastos a comprobar” sin identificar su destino. Posteriormente, se simuló su reintegro mediante depósitos en efectivo o con cheques emitidos a nombre del funcionario cuya cuenta bancaria de origen era la misma en donde se depositaron para el destino de los recursos.

El informe concluye que si bien en su clasificación contable, presupuestal y programática el programa “Impulso a la Competitividad en el Campo” se creó en apego a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado, en la planeación documental no se pudon identificar los programas y proyectos que derivaron de éste, por lo que se desconoce el objetivo, las estrategias, metas, líneas de acción y el resultado del mismo.

NI SINALOA

Los recursos inyectados a la Sedari —que posteriormente se convertiría en la Secretaría de Desarrollo Rural— fueron un exceso si se comparan con lo que los principales estados productores de maíz, le destinan a sus dependencias.

De acuerdo con el Censo Económico 2014 del INEGI, en Quintana Roo el 45.1% de la población se dedica al comercio, mientras que otro 46.1% a los servicios privados no financieros, es decir, que si bien existen campos agrícolas, la economía de la entidad no está sustentada en la producción de alimentos, por lo que tal cantidad de recursos es injustificada.

Dos meses después del anuncio sobre la gran inversión al campo, Roberto Borge hizo un movimiento clave en su gabinete: Luis González Flores, tío de su padrino político, Félix González Canto, dejaría la Secretaría de Gobierno —segunda posición más importante del estado— para ocupar la Sedari, encargada de distribuir los recursos a los campesinos.

De acuerdo con información obtenida, este y otros funcionarios de la dependencia ya son investigados por la Fiscalía General del estado.