Perla UicabTexto y foto: La Opiniónqr
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 15 de agosto, 2017
En el año 2015, el Gobierno de Quintana Roo gastó 1149 millones de pesos en medios de comunicación. De acuerdo a la Fundación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en ese año, fue el Estado de la República que más dinero le dio a la prensa.
Ese gigantesco monto de dinero, que no sólo fue el más alto del país sino que duplicó incluso el presupuesto que el Congreso le había autorizado al ex gobernador Roberto Borge, es lo que ha generado que la Secretaria de la Contraloría de Quintana Roo investigue a la Unidad del Vocero y al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
Según el titular de la Contraloría, Rafael Del Pozo, esas dos son las dependencias por los cuales ese dinero fue entregado a diversos medios de comunicación, a través de convenios publicitarios y otro tipo de contratos de prestación de servicios.
“Hay actualmente practicándose auditorías en lo que era la Unidad del Vocero y también se acaba de concluir una auditoría que se hizo por el estado y donde participó la Auditoría Superior de la Federación, relacionada con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social”, dijo.
De acuerdo a lo que la investigación ha arrojado hasta este momento, no todos los contratos que se hicieron tienen el soporte documental que muestre que esos convenios se cumplieron. O sea, se entregaba el dinero, pero no hay documentación de una contraprestación al respecto.
Lo que se hacía, realmente, era vender la línea editorial de los medios al Gobierno de Borge.
“La investigación es para determinar la relación entre el gasto y el mecanismo de comprobación”, dijo Del Pozo al respecto, “lo que está claro es que es un exceso desproporcionado”.
De corroborase que los contratos no se cumplieron, la Secretaría de la Contraloría estará en condiciones de denunciar a ex funcionarios vinculados a esas áreas.
En ese sentido, Rafael del Pozo dijo que no quiere dar nombres, porque la dependencia a su cargo no persigue personas sino actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Como ya se sabe, durante el mandato de Roberto Borge se creó una estructura de medios privados que vendían la línea editorial a cambio de cientos de millones de pesos. Esos medios sirvieron para atacar a los enemigos políticos del ex gobernador, y para esconder el multimillonario desfalco al estado que aún hoy se investiga.
