Perla Uicab(CPJ).- El periodista maya Pedro Canché estuvo 271 días preso acusado de sabotaje. Las autoridades alegaron que había organizado protestas hace un año contra el aumento en las tarifas de agua en la Zona Maya, al sur de Cancún en el estado de Quintana Roo, donde manifestantes irrumpieron en las oficinas de la Comisión de Agua Potable, según la investigación del CPJ.
Un juez federal liberó al periodista el 28 de mayo luego de que el expediente demostrara que Canché no estuvo presente en las protestas, no tenía relación alguna con quienes lideraron el reclamo y no se afectó el servicio ni se registraron daños contra las plantas depuradoras de agua, elemento importante para probar la acusación de sabotaje.
Tras la liberación de Canché, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, introdujo una ley que, según el mandatario, tenía la intención de proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos. Pero sus críticos, incluyendo a Canché, rechazaron la medida y señalaron que en lugar de proteger a los periodistas la ley limitará la libertad de prensa al permitirle al gobierno decidir quién es o no es un periodista.
La legislatura estatal aprobó el 3 de agosto la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La ley sólo comprende a periodistas que trabajan en forma “permanente con una remuneración”, algo que impediría que los periodistas freelance o reporteros que trabajan sin compensación puedan obtener credenciales, acceso a eventos públicos y a recibir las protecciones que se especifican en casos de emergencia.
“Esta es la ley Pedro Canché”, afirmó Canché al CPJ en la ciudad maya de Tihosuco. Su caso atrajo atención a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobierno estatal que se disculpara con Canché, pero Borge se rehusó a hacerlo. Durante la detención de Canché, el gobierno estatal insistió en que Canché “no es un periodista”, aun cuando había trabajado en el pasado para la agencia mexicana de noticias Notimex, otros diarios y una emisora de radio. Periodista independiente y activista de los temas mayas, desde que fue liberado Canché ha comenzado a escribir para el sitio web de noticias Animal Político.
Lydia Cacho, una periodista de investigación galardonada, escritora y defensora de derechos humanos, indicó al CPJ que la ley contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Cacho, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones acoso y persecución por parte de las autoridades locales y ha sido calificada por el gobierno del estado como “enemiga de Quintana Roo”, sostuvo que la legislación restringe seriamente el trabajo de los periodistas independientes.
Cacho abandonó Quintana Roo tras la designación de Jaime Alberto Ongay Ortiz como jefe de policía del municipio de Benito Juárez a fines de julio. Según Cacho, Ongay estuvo involucrado en la detención de la periodista en 2005 luego de ser acusada de haber supuestamente difamado al empresario de Puebla José Camel Nacif Borge. En su libro Los Demonios del Edén, que había sido publicado antes en ese mismo año, Cacho describió como una banda de prostitución infantil operaba en Cancún con la complicidad de la policía local y políticos.
Quintana Roo atrae millones de turistas al año debido a sus playas de arena blanca y a un área sobre la costa del Caribe conocida como la Riviera Maya. El estado que ha experimentado un rápido crecimiento, con una población cada vez mayor producto de gente que busca trabajo proveniente del sudeste de México, se ha convertido en uno de los estados más represivos del país para la prensa.
Seis periodistas y dos de sus abogados revelaron al CPJ los continuos ataques digitales que han ocurrido, además de acoso e intimidación. Por ejemplo, fotos pornográficas son regularmente publicadas en la cuenta de Twitter de Canché por otros usuarios. “Si publico algo, me envían amenazas”, asegura Canché. “Nos han enviado un montón de pornografía, tanto a mi como a gente que me sigue”.
Todos los entrevistados afirmaron que consideran que la nueva ley de protección es innecesaria ya que la violencia no es un problema tan grave en el estado, distinto a lo que ocurre en otras regiones de México, como el estado de Veracruz.
“Esta ley es una simulación y una broma”, señaló Vicente Carrera, fundador de Noticaribe, un medio digital radicado en Playa del Carmen, que ha sido con frecuencia víctima de ataques de denegación de servicio, conocidos como DDOS, desde que Borge asumió en 2010. “Está supuesta a proteger periodistas, pero el principal acosador de la prensa es el propio gobernador”.
“El tema importante acá han sido los ataques del gobierno contra los periodistas y los medios. La ley no trata sobre esto”, indicó Sergio Caballero, el corresponsal de Procesoen Cancún. “Por decreto, están intentando anular la pobre imagen que tiene el gobierno por su intolerancia con la libertad de expresión”.
Solicitudes de entrevistas con el gobierno de Quintana Roo a través de su vocero Rangel Rosado Ruiz no fueron respondidas. Borge pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del Presidente Enrique Peña Nieto.
La ley sancionada en Quintana Roo creó consejos para responder a las agresiones contra la prensa. Establece apoyo económico para periodistas, proporcionando atención para la salud, créditos para vivienda y fondos para entrenamiento y compra de equipamiento para aquellos que están acreditados con el gobierno estatal. Este es, precisamente, un punto complicado para los medios que realizan trabajo crítico y con frecuencia tienen una relación de antagonismo con las autoridades.
“Esto es chayo institucionalizado”, afirmó Carrera, utilizando el término con el que se describen los pagos efectuados por políticos mexicanos a la prensa, con frecuencia de una manera informal y no reconocida.
“El objetivo de esta ley es para que el gobernador pueda decir que no tiene problemas con los periodistas”, declaró Agustín Ambríz Hernández, director general de Luces del Siglo. La revista de investigación sufrió la clonación de sus portadas -un título de tapa crítico o una foto remplazados por algo más halagador y luego extendido a la Internet- por parte de asesores del gobierno estatal. (Un amparo los obligó a detener la acción). Ambríz indicó que periodistas de la revista han sido víctimas de intimidación y que los entrevistados miran por sobre sus hombros, por temor a que se los vea hablando con periodistas.
Otros periodistas también alegan represión y señalaron que colegas han sido despedidospor la cobertura crítica sobre el gobierno. Proceso informó que funcionarios de gobierno intentaron vincular a Caballero, su corresponsal, con un narcotraficante detenido y divulgaron los rumores por Twitter.
Mientras Canché estuvo preso, medios en Quintana Roo publicaron acusaciones, incluyendo informes basados en fotos de su página de Facebook, alegaron que vivía una vida de lujos y ostentación y que era un “provocador profesional”. Luces del Siglo más tarde publicó documentos demostrando que los textos provenían de la oficina de comunicación del gobierno estatal.
“Se produjo un linchamiento mediático cuando estaba en prisión”, afirmó Canché.
Canché aun reside en Felipe Carrillo Puerto, ciudad en la que fue detenido, a pesar de que el impacto de su disputa legal dejó su negocio de construcción camastros para hoteles (y financiamiento para sus trabajos periodísticos) en ruinas. Ha recibido ofrecimientos para ser funcionario público, pero prefiere mantenerse alejado de la política partidaria.
Aún mantiene la esperanza de fundar un diario maya algún día y se mantiene activo en las redes sociales, escribiendo artículos y columnas de manera independiente cuando tiene tiempo libre. El encarcelamiento y la oposición política llegaron con un costo, sin embargo.
“Mucha gente me reconoce”, Canché afirmó mientras esperaba un taxi que lo llevara a su casa en Felipe Carrillo Puerto. “Vienen y me saludan, pero la verdad es que no sé quién es amigo y quién no”.
