Por Luciano Núñez (Grupo pirámide)
Durante el quinquenio de Roberto Borge Angulo, ahora preso en Panamá, se cometieron 76 agresiones contra la prensa, de acuerdo a la organización internacional Artículo 19. Un promedio de 15,2 por año. Pero lo más llamativo es que 47 de ellas fueron cometidas después de las elecciones de 2013, cuando el PRI-Gobierno logró una abrumadora elección en la que ganó las presidencias municipales de todos los municipios entonces existentes.
Oscuras historias
Narro esto en primera persona, porque me tocó ser testigo directo de algunas situaciones que aquí se detallan. Ya durante la toma de protesta de Paul Carrillo, ex alcalde de Cancún, observé cuál sería la ríspida relación entre Borge Angulo y la prensa. En ese evento mandó instalar un vallado que no permitía acceder ni a centímetros del primer mandatario.
Fue la época de sus corralitos y, profetizando a Donald Trump, su relación con la prensa se tensó aún más a base de twitter y persecución. Recuerdo los duros mensajes que lanzó contra Javier Vite, entonces trabajador en Radio Ayuntamiento; poco después, contra Arturo Medina, de Radio Fórmula. Apenas ingresó al gobierno, proscribió a Hugo Martoccia, en ese entonces corresponsal de La Jornada y ahora director del portal: La Opinión. “No quiero que nadie le conteste el teléfono”, le dijo a su primer círculo, “es mi enemigo”. Y de un día para el otro, Martoccia estaba en el aeropuerto con toda su familia retornando a Argentina. También el portal Expediente Quintana Roo, de Esmaragdo Camaz fue atacado en diversas ocasiones y bajado de línea.
Pero acaso la más feroz de las arremetidas, fue contra el hoy corresponsal de Proceso, Sergio Caballero, quien había exhibido ya desde su paso por Reforma, los abusos del poder, los saqueos y atropellos a la oposición.
Campañas negras
Un día nos sentamos con Caballero a tomar un café y nos enteramos sobre la aparición de un pasquín en el que se le vinculaba con un supuesto narco. Lo más bajo de esto no fue eso, sino que ese burdo montaje impreso fue distribuido frente a los colegios de sus hijos. Caballero logró la primera medida cautelar de la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que el gobierno procure la seguridad del periodista. Días después, comenzó la clonación del semanario Luces Del Siglo, donde yo trabaja como responsable de la Información. Los dueños, Norma Madero y Agustín Ambriz, fueron objeto de una de las campañas difamatorias más cruentas de que se tenga memoria desde medios que controlaba Borge. Comenzó Luces del Siglo una extensa batalla legal que concluyó en nuevas medidas cautelares y la aparición en la prensa nacional e internacional de estos sucesos. Por esos días aciagos mi vehículo desapareció desde el estacionamiento de un supermercado a plena luz del día. Por otro lado, muchos compañeros, como Adriana Varillas (El Universal) fueron despedidos de medios locales por solicitud del gobierno, cuyos casos conocemos plenamente quienes trabajamos en este medio. No pocos fueron declarados “enemigos del sistema”. Y el atropello mayor: el encarcelamiento de Pedro Canché,preso un año por el absurdo delito de sabotaje después de criticar la actuación de la policía en Carrillo Puerto. No era justo bajo ningún punto de vista que una persona esté presa por expresarse. Lo triste de ese modelo es que dejó herederos que no tardarán en darse a conocer. Usan el dinero público para desprestigiar y mandar a despedir empleados incómodos para los gobiernos.
Ley Borge
En medio de ese contexto opresor y, como colofón de todo, Borge Angulo agilizó por todos los frentes la aprobación de la, hoy llamada Ley Borge, que en esencia, simulaba proteger a los periodistas y personas vinculadas a Derechos Humanos.
¿A quién quería engañar?, si era él mismo el autor de estos atropellos. Por eso el mecanismo nacional tiende a minimizar el protagonismo de los gobiernos estatales de esta labor protectora, para dar paso a un mecanismo más integral, sólo de vinculación. Lógicamente, el armado de esa ley (que contó, sin embargo, con valiosos aportes de respetados y connotados profesionales y periodistas), fue usada como estrategia para intentar lavar las más de 70 agresiones que logró registrar Artículo 19, según Leopoldo Maldonado, muchas de las cuales, no fueron consignadas -por falta de una denuncia- en esa ignominiosa numeralia. Durante el actual gobierno de Carlos Joaquín González se han registrado seis agresiones.
Detrás de cada número una afrenta
Un vasto sector de la prensa local repudia con toda saña y energía la Ley Borge. Otro, en cambio, pareciera que añora esos años y se resiste al cambio; inventa cifras e intenta confundir para defender lo indefendible. Seguramente, minimizan el oprobio ajeno porque, mientras unos eran atacados, otros eran premiados y muy bien pagados: vivían cómodamente firmando el boletín del día. Sería muy difícil para todos los afectados borrar esas historias que afectaron familias, lastimaron honores y sentaron el más oscuro precedente en el Estado.
76 no es un número para pasar por alto, ni para hacer a un lado tan fácilmente, como algunos anhelan y llaman livianamente “traumas”. Detrás de cada número hay una afrenta, unas lágrimas de impotencia, la pérdida de patrimonio; y sobre todo, el ataque a los ciudadanos en su derecho a ser informados, último eslabón de la cadena informativa.
76 no es sólo un número, sino las historias de atropello que representa.
Luciano Núñez
Es técnico y licenciado en Comunicación Social, con postgrado en Opinión Pública por FLACSO y diplomados en La Salle Cancún. Trabajó en El Siglo de Tucumán, Argentina; agencia EFE México, Luces del Siglo y Periódico Quequi.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún.
Co-Fundador de Revista Dos Puntos y director general de Grupo Pirámide