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Departamento del Tesoro sanciona a experimentado capo mexicano Raúl Flores Hernández y a su amplia red
La Acción de la OFAC bajo la Ley Kingpin apunta a 22 ciudadanos mexicanos y a 43 entidades en México
Washington – En coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidosha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante “Flores” como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Además de Flores y su organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.
“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.
Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández.
La organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hernández que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano. Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.
Las 42 empresas designadas hoy atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V. La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.
Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.
