Pedro Canche texto y fotos
La agencia EFE confirmó que la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá recibió la solicitud del gobierno de la República Mexicana para la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, recluido en prisión panameña desde el pasado 4 de junio.
Cita el cable la versión de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño: “México emitió la solicitud formal de extradición y Panamá está haciendo el respectivo trámite”.
Son cuatro causas penales las que se enlistan: una, del fuero federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el resto, las tres, de fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
El pasado 6 de junio, Borge rechazó acogerse al trámite de extradición a México. Ante el Tribunal Superior de Apelación de la capital panameña, luego de ser cuestionado por la jueza Yiles Pitti sobre si aceptaba la extradición a México respondió: “No estoy de acuerdo honorable magistrada”, en la audiencia que hizo un receso a las 15:11 horas.
Los abogados panameños Carlos Carrillo y Arturo González Baso, contratados por la familia de Borge para hacerse cargo de su defensa alegaron presuntas irregularidades en el proceso de detención.
Por su parte, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que detuvo a Borge, reiteró que el ex mandatario cozumeleño está recluido en la cárcel de Renacer, en medio de la selva que rodea el Canal de Panamá.
El pasado 6 de junio, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró como legal la aprehensión con fines de extradición de Roberto Borge, además de ordenar su detención provisional por 60 días por la supuesta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador fue detenido el 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a tomar un vuelo a París, Francia.
La Procuraduría General de la República acusó a Borge de haber permitido la venta de 25 inmuebles (lotes) en Quintana Roo a un precio inferior al real; las propiedades fueron subastadas a personas cercanas al exmandatario y familiares en casi 300 millones de pesos, cuando su valor, de acuerdo con peritos de la institución, asciende a 5 mil millones de pesos.