Perla UicabEn sesión extraordinaria, el pleno de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobaron las reformas en distintas leyes, las cuales serán el andamiaje legal que permita la creación del Sistema Estatal Anticorrupción
Esto se da a cuatro días de que se termine el plazo -el último día es el 18 de julio- para que las entidades que faltaban de armonizar sus leyes con el marco federal para construir su sistema local anticorrupción. 
La diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, pidió no cantar victoria, ya que este proceso para concretar una oficina anticorrupción no ha concluido, pues con este paquete de reformas sólo se cierra la fase de diseño legal. A partir de hoy comienza el periodo de implementación.
“Se da un importante paso hacia la meta, pero aún no la cruzamos”.
La legisladora del PAN aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción será una herramienta muy poderosa para enfrentar a los poderes fácticos “que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.
El coordinador de la bancada del PRI, Raymundo King de la Rosa, expresó que el paquete de reformas aprobado está “en plena concordancia” con la normatividad federal.
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que el trabajo de los contralores internos será dirigir con autonomía los organismos anticorrupción y declaró que “su trabajo es ver que se hagan bien las cosas y que se aplique bien el recurso público, los bienes y también fiscalizar”.
La aprobación del marco legal que permita la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción se da al tiempo que la construcción de este órgano a nivel federal atraviesa dificultades, toda vez que el Comité de Acompañamiento Ciudadano acusara al Senado de omisión para no nombrar al fiscal anticorrupción, cuando debió de haberlo hecho desde 2014.
Las reformas
Entre las muchas leyes que surgieron y cambiaron con el fin de construir el Sistema Estatal Anticorrupción, como la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
En ella se establece que el sistema estará integrado por un Comité Coordinador Estatal y un Comité de Participación Ciudadana, que a su vez será formado por cinco ciudadanos “de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.
Los integrantes de este Comité serán nombrados por la Legislatura a través de una Comisión de Selección y durarán en su cargo cinco años.
También surgió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Quintana Roo, el cual sustituye al anterior marco jurídico en fiscalización.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que una de las principales aportaciones de esta ley es que la fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso y, los que estén bajo la ley actual, seguirán su curso hasta que sean agotados.
“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa”.
El legislador perredista precisó que en esta ley se establecieron los requisitos para quien quiera ocupar los puestos de auditor superior, auditores especiales y unidades de vigilancia. También se especificaron mecanismos de remoción de estos funcionarios.
Asimismo, los diputados del Congreso estatal modificaron las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.
El objetivo de ello es fortalecer el régimen jurídico respecto a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en la Constitución local.
Con las reformas se establece que los contralores Internos de la Fiscalía General, del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, entre otros, serán designados por el Congreso, a través de una convocatoria pública que emita la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.
Nuevos órganos
De igual manera, se crearon nuevos organismos, como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya designación del titular será a cargo del Congreso, el cual evaluará la terna enviada por el fiscal general. Los candidatos tendrán que comparecer ante el Legislativo.
También se aprobó la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que estará integrado por cinco magistrados, tres que integrarán la Sala Superior y dos magistrados unitarios, que estarán en los Tribunales Unitarios Regionales. La designación de los magistrados se hará previo a una convocatoria pública abierta, la cual estará sujeta a principios de paridad de género y máxima publicidad.
Pero estas nuevas reformas también trajeron cambios en la estructura del gabinete, pues la Secretaría de la Gestión Pública pasó a ser la Secretaría de la Contraloría, la cual se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal.
El nombramiento del titular de esta dependencia, que estará a cargo del Ejecutivo y será ratificado por el Legislativo.
En los transitorios de esta reforma se estableció que el titular y servidores públicos de los órganos internos de control de las dependencias y entidades paraestatales que se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos.
También se aprobó que se deberá emitir un Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.
Maratónica sesión del congreso para aprobar leyes secundarias
AGENCIA SIM
Chetumal.- Las reformas para homologar la ley del sistema local anticorrupción con el nacional, se subieron al pleno de la sesión extraordinaria celebrada este viernes en el recinto legislativo.
Se discutió la creación de la ley orgánica del tribunal administrativo, que es el que va a atender todos los temas de corrupción; la Ley de la Fiscalía General para nombrar al Fiscal anticorrupción y la creación de la fiscalía anticorrupción; además de la ley del sistema anticorrupción, la nueva ley de las responsabilidades de los servidores públicos, la ley de la Auditoría Superior del Estado.
Otras iniciativas discutidas fueron las reformas a las leyes orgánicas de los órganos autónomos; la creación de este nuevo órgano de control interno, que sustituirán a las contralorías internas y que serán fiscalizadores directos del gasto público, tanto público como privado, donde está incluido el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de la propia Fiscalía General del Estado.
Al respecto, el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila señaló que en esta discusión del Sistema Local Anticorrupción, tiene la participación la sociedad civil, esto permitirá el combate a la impunidad y a la corrupción.
“Hemos atendido combatir la cultura de la ilegalidad, hechos de corrupción, porque este sistema no solo trae la parte preventiva, correctiva, sancionatoria, sino que también incluimos que desde las escuelas se empiece a impartir talleres, cursos, pláticas, para ir generando a partir de la niñez y la juventud esta cultura de la legalidad y del combate a la corrupción”, enfatizó Martínez Arcila.
Agregó que el término apropiado es el combate permanente a la corrupción, porque lo que se busca es que el estado esté preparado para combatir dicha corrupción de manera frontal, de tal manera que si alguien comete un acto de esta naturaleza, se le detenga, se le enjuicie y se le castigue.
Por último dijo que la ciudadanía vaya siendo menos partícipe en estos actos de corrupción, porque estos se dan en los dos sentidos, en el ciudadano y en el de los funcionarios públicos; por eso es que se debe denunciar más cuando se tenga conocimiento de un acto de ilegalidad.
