newsPor: Mary Hernández
Durante la administración de Roberto Borge (2011-2016) las cifras del INEGI señalaban que el Gobierno de Quintana Roo pasaba un momento crítico en sus finanzas, ocupando así el puesto número 32 en la lucha contra la corrupción.
A 10 meses de la partida del gobierno Borgista y de la llegada de Carlos Joaquín, los resultados avanzaron notablemente hasta el lugar número 15 con la caída del ex gobernador cozumeleño ahora preso y dos de sus principales cómplices en el despojo al patrimonio del Estado, Mauricio Rodriguez Marrufo quien permitió la venta a precio de remate de diversos predios y Carlos Acosta Gutierrez ex Director de VIP SAESA, la aerolinea que consintió todos los viajes de Borge, sus familiares y amigos cercanos.
“Hemos avanzado un buen número de lugares en materia de lucha contra la corrupción, estas encuestas son de percepción del sector empresarial”, dijo Joaquín González.
Señaló también que su gobierno busca impulsar medidas estrictas para mejorar la rendición de cuentas y el dinero alcance y se aplique en donde se debe. El gobierno actual obtuvo la responsabilidad de sanar las heridas profundas que heredó con los priístas en el poder, el Congreso del Estado a su vez jugando un papel importante para los Juicios Políticos, hasta el momento no han turnado a cercanías de su primer año a ningún ex funcionario.
Aún así, el Poder Ejecutivo y el Congreso local han estado cocinando el Sistema Estatal Anticorrupción con la idea de mantener vigilados a los actuales funcionarios, contemplando principalmente a los Alcaldes por municipios.
También se ha abierto la lista de denuncias, con la cual se podrá atacar este problema de manera legal, mediante un tribunal y una fiscalía anticorrupción; para que los ciudadanos denuncien directamente con estos dos órganos.
El próximo 13 y 14 de Julio se abrirá una Sesión Extraordinaria en el Congreso de Quintana Roo para formalizar en su totalidad la Ley del Sistema Anticorrupción, su análisis, contemplando el papel que jugará la nueva Fiscalía administrativa anticorrupción, la Ley de funcionarios públicos y la Ley de Fiscalización.
