newsArticulo publicado con autorización expresa de Luces Del Siglo
Los resultados de auditorías y revisiones al padrón de proveedores arrojaron la existencia de 127 empresas “fantasma” que prestaron algún servicio o enajenaron bienes al gobierno de Quintana Roo, de las cuales no se tiene información que avale o soporte sus acciones, indicó Juan Vergara Fernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
“Hemos detectado 127 empresas que supuestamente prestaron servicios pero que no tienen soportadas dichas acciones… nada más las de software arrojan dos mil 400 millones de pesos” dijo en entrevista a Luces del Siglo. En la lista de empresas “fantasma” están las que prestan servicios de proveedurías, pagos de honorarios o las que se encargan de la contratación de aviones.
El funcionario destacó que las investigaciones para transparentar los recursos permitieron detectar “graves anomalías” en materia de emisión de placas de taxis, concesiones estatales de transporte, notarías y licencias de alcohol.
“Lo que sigue tras estos nueve meses de auditorías, será que la Función Pública haga su trabajo y que proceda jurídicamente: no va a haber impunidad, el gobernador Carlos Joaquín está cumpliendo su palabra de que auditaría y como resultado de la auditoría pondría las denuncias para que la autoridad haga su trabajo”, aseguró Vergara Fernández.
Para medir la corrupción en Quintana Roo bastó retroceder 11 años, o dos administraciones de ex gobernadores (Félix González Canto y Roberto Borge Angulo), pues durante estos periodos todo se movió a través de favoritismos; los recursos favorecieron sólo a unos cuantos, lo que ocasionó el mayor déficit fiscal en la historia de la entidad.
El titular de la Sefiplan recordó que la administración actual recibió a la entidad ocupando el primer lugar en corrupción y el cuarto lugar en impunidad a nivel nacional, lo que motivó el inicio de acciones para reducir ambos fenómenos. Vergara Fernández aseguró que la corrupción en Quintana Roo impactó al erario público de tal manera que se tuvo un “hueco” económico de tres mil 200 millones de pesos en un déficit fiscal a corto plazo.
Este hueco fue identificado en diferentes rubros: pago a proveedores con una deuda de mil 800 millones de pesos, de la cual se han pagado 600 millones. “El ejemplo mayor es la deuda a largo plazo, los 19 mil 200 millones que no se encuentran por ningún lado en la inversión pública productiva”, dijo. En el marco del último panel de discusión del primer Foro Empresarial Anticorrupción 2017, el funcionario habló de la importancia de estos espacios que dan la apertura a ciudadanos para involucrarse en este trabajo de transparencia y exigirle a los gobiernos la rendición de cuentas.
Anunció que uno de los objetivos a corto y mediano plazo será la digitalización de todo el estado, de por lo menos cinco mil 600 áreas de gobierno entre escuelas, hospitales y edificios gubernamentales. Las primeras dependencias a digitalizar serán Catastro y Registro Público de la Propiedad, para que la administración pública camine con mayor agilidad hacia la transparencia.
