newsDe ocho a doce funcionarios podrían ser detenidos en los próximos días, acusados de malos manejos en las dependencias que estaban a su cargo, anunció el presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, Eduardo Martínez Arcila; mientras que, por su parte, el también diputado, Emiliano Ramos, estimó que podrían ser más.
“Según nuestras cuentas, debe de haber por lo menos unos ocho o 12 exservidores públicos involucrados”
El diputado manifestó su beneplácito por la detención del exdirector de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (VIP Saesa), Carlos Acosta, quien ayer fue aprehendido por el delito de desempeño irregular de la función pública, luego de que no pudiera comprobar ante la actual legislatura erogaciones por más de 40 millones de dólares y 320 millones de pesos.
“Fueron evidentes las irregularidades (…) Tan sólo CAPA y Sefiplan, de un plumazo, tronaron mil 500 millones, en el caso de la concesión de Aguakan”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Emiliano Ramos, pidió que la Fiscalía General del Estado que también proceda contra el exgobernador Roberto Borge y el extitular de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, quienes en ese entonces eran presidente y el tesorero del Consejo de Administración de VIP SAESA, respectivamente, y sabrían del manejo de los recursos.
“Ellos son los dos funcionarios que estaban por encima de Acosta y que por supuesto no pueden argumentar que desconocían el manejo de estos aviones”.
Sin confianza
El diputado perredista señaló que podría haber más de 12 detenciones originadas por las comparecencias ante la XV Legislatura, en septiembre pasado, pero detalló que éstas se originarán de litigios impulsados por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de la Gestión Pública.
Explicó que estas denuncias no se presentaron a través de la Auditoría Superior del Estado, porque no se tenía confianza en el titular de este órgano, que en su momento era Javier Zetina, por lo que fueron canalizadas al gobierno estatal.
“Cuando se dan esas comparecencias que hacen saltar a la vista las diversas irregularidades, en aquellas épocas el Congreso del estado no confiaba en el titular de la Auditoría Superior, por esa razón, en varios de estos casos, como el caso de VIP SAESA, decidimos entregar toda la documentación y los audiovisuales de las comparecencias a Rafael del Pozo, secretario de Gestión Pública, para que él pudiera darle continuidad y pudiera presentar las denuncias correspondientes. A partir de marzo, que ya se presenta la solicitud de licencia de Javier Zetina, y nombramos a un auditor provisional, es que el Congreso està trabajando en otras investigaciones”
Por ello, señaló Ramos, habrá próximamente nuevas denuncias de parte de la Auditoría Superior del Estado.
