La policía de la USEV abandonados por Rodolfo del Ángel Campos

Denuncias policías violaciones a sus derechos humanos
Un grupo de policías estatales pertenecientes a la Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia (USEV), se dieron cita en las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO) para denunciar una serie de atropellos de los que han sido víctimas estando comisionados a una dependencia federal en la ciudad de Cancún.
La mayoría de los elementos tiene entre dos y tres años laborando para la corporación, sin embargo, desde hace un año –de los dos que llevan en esta ciudad– viven en el hacinamiento, ya que quince comparten una sola casa con dos baños y algunos de ellos duermen en los pasillos y demás áreas comunes de la vivienda.
Originarios de Chetumal, los policías han padecido también en el tema del transporte, pues aunque hay una camioneta asignada para tal fin, no siempre pasa por ellos, por lo que terminan tomando de su bolsillo para llegar a su lugar de trabajo, donde tampoco cuentan con los recursos idóneos para desempeñarse.
“No tenemos armería y cada quien es responsable de su arma. Algunos ni tienen. Nadie tiene casco, mucho menos chaleco antibalas, y a como están las cosas ahorita en Cancún, ni siquiera tenemos capacidad de repeler un ataque, en caso de que se llegara a presentar”, replica uno de los oficiales.
Si bien la labor que realizan está limitada a cuestiones administrativas como recibir visitas, apuntar las placas de vehículos y abrir portones, tampoco cuentan con prestaciones básicas como un horario de comida o días de vacaciones, además de que son castigados con perder su único día de descanso en caso de faltar para acudir a una cita médica.
Por todo lo anterior, los elementos decidieron unirse y hacer un paro de labores a fin de acudir a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exponer el caso. Sin embargo, fueron informados de que, al no tratarse de un delito penal, no es la instancia adecuada, por lo que fueron aconsejados de presentar su denuncia a la instancia estatal de Derechos Humanos.
A punto de abandonar las oficinas de la Fiscalía, los denunciantes fueron abordados por un empleado de la empresa Siadelta, a la que están adscritos a pesar de ser elementos estatales. El recién llegado intentó negociar con ellos para que lo acompañaran a hablar con sus superiores, a lo que ellos se negaron.
“Siempre es lo mismo, nos dicen que nos van a aumentar el suelo y cosas así, pero son puras promesas. Al final como sólo es de palabra y no firmamos nada, no nos lo hacen válido. Ahorita ya vieron que estamos unidos todos y eso no había pasado”, explica otro de los afectados.
En caso de que sus peticiones no se resuelvan de manera favorable, los elementos buscarán ser reincorporados a las unidades preventivas.