news(tlachinollan).- El día de ayer 7 periodistas entre ellos los compañeros Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, Pablo Pérez García, colaborador de Hispano Post; Jair Cabrera, colaborador de La Jornada; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Angel Galeana, de Imagen TV; Alejandro Ortíz, del diario digital Bajo Palabra y Hans Máximo Musielik, colaborador de Vice News; fueron interceptados por un grupo armado mientras regresaban de documentar los últimos acontecimientos de San Miguel Totoloapan, donde fuerzas militares y estatales tomaron el control de la seguridad. El grupo de aproximadamente 100 civiles armados les arrebataron sus pertenencias, materiales de trabajo (cámaras, grabadoras, etc) y una de las camionetas en las que se transportaban, después de estar retenidos por dicho grupo pudieron salir hacía Iguala en donde fueron atendidos medicamente para posteriormente trasladarse a Chilpancingo.
Frente a la violencia generalizada en el Estado y ante la agresiones constantes que se han visto en el Estado contra los periodistas en el Estado de Guerrero, posicionándolo como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México, tal como lo señalara en su informe preliminar en su reciente visita a México el Relator Especial de Naciones Unidad sobre la Situación de Personas Defensoras y Periodistas, es que como organismos en defensa de los derechos humanos en el Estado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad exigimos lo siguiente:
1. Las autoridades de Guerrero deben realizar las acciones necesarias para garantizar la salvaguarda de la integridad física de los compañeros periodistas víctimas de las agresiones del día de ayer, para que los mismos no vuelvan hacer objeto de algún ataque que pueda poner en riesgo su vida.
2. Se les brinde inmediatamente la atención médica necesaria a efecto de que puedan tener una supervisión adecuada sobre su estado físico.
3. Se realice de manera inmediata una investigación sobre los hechos en donde se permita conocer el móvil del ataque.
4. Asimismo, solicitamos que ante la posible vinculación de su ataque con su labor periodística sea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión quien atraiga el caso, esto de acuerdo a las recomendaciones hechas por diversos mecanismos internacionales para de esta forma hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.
Levantamos estas exigencias ante el clima de violencia en el Estado y ante la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas en la entidad, quienes fungen como el único medio para debelar las situaciones de violencia y violaciones a derechos humanos.
Atentamente:
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”;
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
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