Pretende Portilla controlar Uber, y crear otro coto de poder en el transporte

abril 22, 2017
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(Hugo Martoccia) .- La presencia de Uber se ha convertido en el nudo central del enorme problema de corrupción en el transporte del estado.

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Toda la reforma administrativa que en este tema propone el Gobierno ha quedado pendiente de un hilo por los intereses que se han generado alrededor de la empresa multinacional.

En dicha reforma, el Gobierno busca quitarle las funciones del transporte a la actual Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) que pasarán a la nueva Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Pero deja un gran vacío en cuanto a la entrega de concesiones y otras regulaciones.

De acuerdo al texto de la iniciativa de reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, presentado días atrás por el gobernador Carlos Joaquín, la nueva Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable tendrá entre sus facultades la de “promover y ejecutar las atribuciones en materia de movilidad y transporte”.

En el actual texto de la ley, esas funciones son de Sintra, que pasaría solo a manejar infraestructura y comunicaciones. Pero hay un problema.

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El artículo 35 de ley actual específica cuales son las facultades de Sintra. Entre éstas, está la de “tramitar los permisos y concesiones que otorgue el Gobernador del Estado”, “estudiar, planear y controlar el servicio público de transporte en todas sus modalidades”, y hasta determinar “las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo”.

Pero en la reforma, nueve incisos de ese artículo, lo que regulan todo el transporte, han desaparecido, y generan un vacío legal. No se sabe quién tendrá esa funciones ya mencionadas.

En un principio, ese vacío legal iba a ser llenado por la creación de un Instituto de Movilidad y Transporte, que se quedaría con esa atribuciones bajo la tutela de la nueva Secretaria. Pero hasta el momento esa iniciativa de ley no ha aparecido en la reforma administrativa.

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Y ahí apareció una trampa.

El artículo transitorio 8 de la reforma dice que aquellos asuntos que deban pasar de una dependencia a otra (en este caso las concesiones y su regulación) “continuarán tramitándose por las unidades administrativas de origen, hasta que estas se incorporen a la nueva dependencia”

O sea, Sintra retendrá esa facultad porque no hay quien la asuma.

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