Un asesinato cada mes
Muerte a los periodistas en México

Marzo fue de sangre para los periodistas de México, país extremadamente peligroso para los periodistas…Miroslva Breach(Chihuahua), Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz), Cecilio Pineda( Guerrero). Y en Abril, Max Rodríguez (Baja California). ¿Y los que sobreviven?. Los que sobreviven, son muertos andantes. Un  reportaje del periodista Guillermo Rivera. La muerte, la persecución y el exilio, el drama de los periodistas que andan tras la verdad y son los muertos andantes…Pedro Canché
“¡Tú sabes lo que hiciste!”, gritó uno de los 10 sujetos que lanzaban puñetazos y patadas contra el cuerpo de Humberto Reyes, un periodista que, junto con Rubén Espinosa, el fotorreportero asesinado en la Ciudad de México el año pasado, había documentado con imágenes los movimientos y conflictos sociales en Veracruz.
Humberto logró escapar de sus agresores gracias a la ayuda de sus colegas, y días después, tomó un avión rumbo a Argentina, en busca de una nueva vida, de un refugio contra la muerte, pero no previó que se encontraría con todo lo que implica emigrar a la fuerza a un país desconocido: soledad, pocas probabilidades de empleo, desesperanza.
Este reportaje cuenta su historia y la de otros colegas que, por la inseguridad que prevalece en México para ejercer el periodismo, se autoexilian, se autocensuran, en un país, catalogado por las organizaciones internacionales que promueven la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, como uno de los más peligrosos en América Latina y el mundo para ejercer la profesión, una nación donde cada mes se asesina a un periodista.

Por Guillermo Rivera / @riveravag

El fotorreportero Humberto Reyes caminó rumbo a la pequeña sala de prensa improvisada por sus colegas en la plaza principal de Xalapa, Veracruz, cuando un par de sujetos de corte militar lo sujetaron y le arrojaron puñetazos en rostro y cuerpo. Humberto quiso defenderse, pataleó y gritó, pero a la golpiza en su contra se unieron al menos seis individuos más y lo único que quedaba era intentar cubrirse con los brazos. De nada servía.
“¡Auxilio! ¡Ayuda!”, alcanzó a gritar, aquella noche del 15 de septiembre de 2015, pero aunque a la plaza, renombrada Regina en honor a Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en Xalapa hace cuatro años, cientos de personas habían asistido al aniversario 205 de la Independencia, nadie lo ayudó, y los colegas y amigos de Humberto, instalados a unos cuantos metros en la sala de prensa, no escucharon las súplicas.
Una hora antes, Humberto, de 24 años entonces, arribó a la plaza a cumplir con su trabajo de fotorreportero en la Agencia Veracruzana de Noticias (Avc): capturar en instantáneas del momento en que Javier Duarte lanzara el típico grito anual septembrino. Al momento de cruzar el filtro de seguridad, agentes lo retuvieron al menos media hora y, ante su asombro, uno de ellos le advirtió, desafiante, que anduviera con cuidado. Humberto tenía razones poderosas para alarmarse: apenas mes y medio atrás, su amigo el fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadie Vera, habían sido asesinados brutalmente en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Antes de que el evento oficial comenzara, Humberto echó un vistazo en la zona. El recorrido valió la pena: el fotorreportero documentó la excesiva seguridad y las decenas de personas acarreadas al lugar a cambio de algún modesto lunch: un refresco, una torta. Minutos después envió el material a la agencia.
Más tarde, él y los otros fotoperiodistas se instalaron en un palco, frente al Palacio Municipal de Xalapa. Cuando el acto concluyó, caminó rumbo a la sala de prensa y Humberto, alerta ante el crimen reciente, se percató de que los dos hombres lo seguían y de inmediato los fotografió. Los golpes comenzaron y los otros ocho sujetos llegaron de inmediato. Aunque su atuendo era similar al de policías, sobre todo en las botas, entre puñetazos y jaloneos, Humberto se percató de que no cargaban alguna insignia oficial y, justo cuando notó que portaban en el hombro un botón con una cobra, lo derribó un golpe en la cabeza, probablemente propinado con un arma. Entre los gritos de ayuda inútiles, escuchó la advertencia de uno de ellos: “¡sabes lo que hiciste, no digas nada, cállate!”
Humberto pensó en su equipo fotográfico, en los años de trabajo y esfuerzo para comprarlo. Los golpes no cesaban y, por unos segundos, imaginó que su destino sería el mismo que de Rubén. Después, su mente se nubló: el dolor era inmenso, uno nunca antes experimentado. Ya ni siquiera podía gritar, y su último recurso fue fingir inconsciencia.

A Humberto le despojaron de equipo, identificaciones, efectivo e incluso de uno de sus tenis. Al final lo arrojaron al suelo y, un minuto después recobró el sentido e intentó incorporarse, cuando un policía se acercó: “tú eres el del desmadre”. Visiblemente golpeado, Humberto, indignado, dijo: “pero… ¿cuál desmadre? Me acaban de golpear”.
En ese instante, otro policía llegó y el primero soltó, como si se tratara de una advertencia: “vienes borracho”. Ambos agentes lo esposaron, lo cargaron, pasaron el filtro de seguridad y lo instalaron al lado de una patrulla. Los golpes comenzaron de nuevo. Cuando quisieron introducirlo al asiento trasero de la patrulla, por alguna razón abrieron las esposas y, con todas sus fuerzas, Luis jaló su cuerpo, se liberó y corrió a toda velocidad, consciente de que era su última oportunidad de escapar.

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Miguel Ángel Vega escuchó la potente voz de los hombres armados: “¡más vale que se vayan, porque si no los matamos!”, ordenaron al grupo de periodistas rusos que había llegado pocos días antes a Culiacán, Sinaloa, con el propósito de realizar un reportaje sobre la zona.
Cuando, minutos antes, los periodistas circulaban por cierta zona sinaloense que Miguel Ángel, un periodista de 44 años, prefiere omitir, 10 hombres les cerraron el paso. A los pocos segundos comenzaron los golpes contra los rusos, quienes, en su idioma, suplicaban que se detuvieran, pero la paliza se recrudeció, hasta que Vega gritó:
“¡Somos periodistas!”. “¿De dónde son? ¿Por qué el carro no trae placas de Sinaloa?”, interrogó uno de los agresores. “Es rentado”, respondió Miguel Ángel. “Compruébalo”, ordenó el sujeto al mismo tiempo que sus compañeros encañonaban a los rusos. El periodista obedeció y además mostró sus identificaciones. Por fin, los violentos se calmaron y les exigieron evacuar el lugar de inmediato.
La acción ocurrió hace tres meses y Miguel Ángel, quien es buscado por periodistas de diversos países del mundo cuando llegan a Sinaloa porque quién mejor que él para orientarlos sobre las rutas de Sinaloa, afirma, sin duda: “cuando no conoces y quieres hacer una investigación en una zona controlada o tierra caliente, no lo hagas. El daño puede ser mortal. Lo mejor es mantener un perfil bajo”.
Los rusos continuaron con su trabajo, “pero con mucha cautela, no quisieron denunciar”, dice Miguel Ángel. “Mira”, agrega vía telefónica desde Sinaloa, “aquí en el estado hay por lo menos 4 mil hombres armados, constantemente rondando la ciudad, viendo qué pasa. Así identificaron a estos periodistas rusos”.
Así que la presencia de los intrusos extranjeros no les agradó. En un escenario así, Miguel ejerce el periodismo desde hace 17 años, actualmente en el semanario Río 12, donde colabora con investigaciones sobre el narcotráfico en México y Estados Unidos. “La vida se te puede ir en cualquier momento por cubrir estos temas, no sabes qué efecto pueden tener. Podrías herir sensibilidades y tener consecuencias graves”, lamenta.
Miguel sigue los movimientos del cártel de Sinaloa, el grupo del crimen organizado, dice, que controla la entidad, pero reportea con cautela, sin profundizar demasiado porque, a veces, “de poco o nada sirve arriesgarse. Si te metes con ellos, te mandan un aviso. Si no haces caso, te matan”, explica el periodista y recuerda a su compañero José Alfredo Jiménez, de Navojoa, quien era reportero en Culiacán y cubría la fuente policiaca. “A la segunda amenaza se fue a trabajar a Hermosillo, a El Imparcial. Continuó con los mismos temas y después desapareció”, cuenta Miguel, con voz fuerte. Otro caso es el de Óscar Rivera Insunsa, exeditor del periódico Noroeste, donde escribía sobre narcotráfico. También fue asesinado.

La de hace tres meses, es una más de las varias veces en que Miguel ha imaginado que es el fin. Cuando comenzó a trabajar, en 1999, cubría nota roja y recibió una amenaza de muerte. Se había atrevido a escribir un texto en el que reconstruyó los hechos sobre el asesinato de un defensor de derechos humanos. Publicar la nota le acarreó consecuencias: Miguel huyó a Los Ángeles y ahí trabajó en un periódico. Meses después, al enterarse de que quien lo amenazó había sido ejecutado en Sinaloa, regresó.
Miguel no ha recibido amenazas en los últimos cinco años pero “existe una lamentable razón. A veces uno mismo se autocensura. El gobierno cuenta con un sistema de inteligencia y la DEA interviene, saben cómo operar. Si descubro dónde está la casa de tal señor y lo publico, interfiero en sus intereses, pero aunque un periodista difunda, nada cambia”.
¾¿Cuál es la respuesta de los medios en caso de que se asesine a periodistas?
¾Hay solidaridad, sí, exigen que el caso se investigue, pero el clamor acaba de inmediato porque el gobierno le apuesta al olvido. El caso se archiva y se vuelve impune. Hay muchos intereses.
Miguel recuerda que el periodismo es una de las profesiones “peor pagadas económicamente, hablar de mayor salario es quimérico. Por eso, el medio podría ayudar con un seguro a los deudos, pero no deja de ser una empresa que constantemente se quejan de la baja en ventas. Al final del día, dejará de entregar esa pensión y ahí quedará todo.
“Para evitar esto, el medio me protege y se protege: si publico algo que pueda afectar alguna sensibilidad, me censura”.

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Carlos Lauria, coordinador senior para las Américas del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial, sabe que la situación laboral de los periodistas en México “es gravísima”, pues “es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la profesión”.
Lauria expone, vía telefónica desde Nueva York, donde se encuentra la sede del CPJ, que en las últimas cinco décadas “más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en el país. Medios de comunicación son víctimas de ataques con explosivos, el número de amenazas en contra del gremio es exorbitante”.
La cifra de periodistas obligados al autoexilio “también es elevado”, pero más allá de la “cifras elocuentes”, comenta el coordinador, “creo que la consecuencia más nociva de esta ola de violencia sin precedentes que ha devastado a la prensa, es el clima de temor, intimidación y terror en el que se desempeñan periodistas y medios, que logra que muchísimos se autocensuren por temor a las represalias”.
¾Es violencia extrema.
¾Ha pasado a ser un problema que ya afecta los derechos humanos de todos los mexicanos, en su libertad de expresión y acceso a la información. Se inhibe la discusión sobre los temas que afectan la vida diaria. Esto perjudica la calidad del sistema y pone en riesgo a la estabilidad de la democracia.
En México, continúa, “de forma generalizada, hay comunidades enteras desinformadas. Los periodistas no pueden cumplir con su labor”.
Por otro lado, Lauria alerta sobre la otra circunstancia que enfrentan los periodistas: “en su intento de escape, migran. Esta situación de inseguridad produce desplazamiento y exilio forzados. A veces, llegan a la Ciudad de México y no siempre encuentran solidaridad. Los periodistas se van solos o con la familia. Y eso implica cambiar de vida. Es realmente traumático”.
¾No siempre encuentran trabajo en otros lugares.
¾Es muy complicado. Ya no pueden escribir sobre temas que eran importantes en sus lugares de origen. Ahora no conocen el ámbito, no tienen contactos, no hay posibilidades concretas. Este desarraigo produce problemas serios: regresan a su hogar o los exiliados toman trabajos menos significativos. Lo vemos seguido: periodistas de habla hispana se refugian en Estados Unidos, a veces no conocen el idioma, dejan la profesión y se dedican a otra cosa.
Y es que, concluye, “quieren preservar su vida, evadir situaciones traumáticas, de persecución y violencia”.

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Las cifras confirman las palabras del CPJ. De acuerdo con el Segundo informe trimestral de Artículo 19, organización internacional que trabaja a favor de la libertad de expresión y los derechos del gremio, un periodista es asesinado en México, en promedio, cada 26 días. Cuando el organismo publicó el informe, a principios de agosto de 2016, se habían registrado ocho homicidios, una cifra que rebasó la del año pasado, cuando se registraron siete.
Artículo 19 advierte que “las agresiones contra periodistas son cada vez más violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa, frente a autoridades ineficaces y omisas”. Durante el primer semestre de este año, documentó 218 agresiones contra la prensa. Las físicas/materiales son las de mayor registro durante el semestre, con 46 casos. Le siguen las intimidaciones, con 37, las amenazas, con 35, las privaciones de la libertad, con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.
Durante el mismo periodo, la Ciudad de México fue el primer lugar de agresiones contra la prensa, con 31. Después Veracruz, con 28, Oaxaca, con 27, Guerrero, con 17, y Puebla, con 15.
“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa”, dice en el informe Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica. “Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva”.
El documento afirma que, contrario al discurso oficial de las autoridades que afirma que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó la primera mitad del año, “101 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a siete provenientes de grupos criminales”.
Más datos. El informe Libertad de Prensa 2016, de Freedom House, organización no gubernamental con sede en Washington DC que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, afirma que México es uno de los cinco países más peligrosos para los periodistas en América Latina, y lo considera “no libre para la libertad de expresión”, por los ataques violentos por parte de grupos criminales y la impunidad que enfrentan los comunicadores.
Por su parte, en su Balance 2015, Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, indica que México es el país más peligroso para ejercer periodismo en América Latina. A nivel mundial, la organización coloca a Irak y Siria, naciones que viven conflictos armados, como los dos países con mayor peligro. En el ranking internacional, México se colocó en el lugar número siete.

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Aterrorizado, Humberto corrió algunos metros, pero otros policías le impidieron el paso y, justo cuando el par de agentes lo detuvo de nuevo, sus amigos llegaron a auxiliarlo, por fin. Gritaron que aquella acción era una injusticia, que a quien querían llevarse era a un fotorreportero que estaba ahí para ejercer su trabajo. Varias personas se acercaron y los policías dejaron en paz a Humberto.
Sus colegas prácticamente lo cargaron rumbo a la sala de prensa. A los pocos minutos, la familia de Humberto llegó y lo trasladaron a un hospital. Compañeros y familiares se alarmaron ante los varios moretones y heridas. El fotorreportero no recuerda los detalles de lo que sucedió después, pero sabe que esa noche un agente de tránsito arribó a su habitación y le aplicó la prueba de alcoholímetro, pese a que Humberto no había probado una sola gota de alcohol en las últimas horas. Al otro día, personal de la fiscalía local lo cuestionó. “Querían información sobre lo sucedido, pero no accedí, les grité que no sabía quiénes eran, y que nada me aseguraba su procedencia”, cuenta Humberto, en conversación telefónica.
Fue dado de alta y se refugió en casa de sus abuelos. “A los pocos días me fui a la Ciudad de México para tomar un avión con dirección a Buenos Aires”, relata. Un par de amigos que viven allá se solidarizaron: “puedes venir y vivir en nuestra casa un tiempo”. No lo pensó. Dispuso de la totalidad de sus ahorros y su familia aportó lo suficiente para el boleto de avión y al menos dos meses de gastos en el país sudamericano, suficiente tiempo, quizá, para que el prófugo encontrara trabajo.
El director de Avc, en compensación, le regaló una cámara, sin lentes. El Universal, diario en que el que colaboraba, por su parte, no reaccionó. “Le conté al director de foto lo sucedido, pero no hubo respuesta, ni siquiera una llamada. De alguna manera, para deslindarse, dijeron que no estaba en la nómina. Hoy sigo en el diario, pero a la fecha nadie ha tocado el tema”.
Mientras viajaba, Humberto imaginaba, desolado, triste, que en Argentina comenzaría una nueva vida: buscaría trabajo en un lugar desconocido, se relacionaría con nuevas personas, pocas veces volvería a ver a su familia. “Fue muy difícil. Si no fuera por los contactos que me ayudaron a integrarme, habría sido más complicado”, dice. Humberto buscó un empleo, “pero varios días no me desempeñé porque no encontraba. No conocía el lugar, me sentía desganado, muy afligido”, recuerda el fotoperiodista.
La familia se comunicaba a diario y le comentaban que la situación en Veracruz se había complicado. Personas vigilaban su casa y preguntaban constantemente por su paradero. “Imagínate cómo me sentía, alejado de todo”.

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Esa noche de febrero de 2011, Luis Chaparro deseó no haber cruzado jamás de El Paso a Ciudad Juárez. Conducía con dirección a su domicilio, paciente, en calma, cuando una patrulla de la policía municipal, conducida por dos agentes con el rostro cubierto, le detuvo el paso.
Luis, de 24 años entonces y reportero en El Diario de El Paso, con sede en el otro lado de la frontera, jamás imaginó que la historia que había seguido por semanas, aquella sobre un infiltrado informante de la DEA y publicada en el periódico, le acarrearía el episodios más traumático de su vida.
En una de las avenidas de Juárez, donde estaba su hogar y catalogada entonces como una de las ciudades más violentas del mundo por los enfrentamientos entre cárteles, a Luis lo bajaron de su automóvil, lo sujetaron, ataron sus extremidades y lo aventaron a la cajuela de una camioneta como si fuera una bolsa con ropa sucia. Minutos más tarde lo sacaron a golpes y amenazas. “Un secuestro para obtener dinero”, pensó Luis, cuando uno de los agentes gritó: “tenemos órdenes de matarte, y tú ya sabes por qué, hijo de la chingada”.
Al momento, Luis, también corresponsal entonces de la agencia EFE, no entendió de qué se le culpaba y qué tan grave habría sido como para perder la vida. Después lo comprendió: la serie de notas informaba que el infiltrado de la DEA acusaba a la policía municipal de Juárez de trabajar para cárteles de la droga mexicanos.
Ahora era el costal de box de sus secuestradores, ambos de no más de 25 años, en plena avenida principal, poco después de las 12 de la noche de un día entre semana. “¡Llévense el celular, las tarjetas, el carro!”, suplicaba Luis, quien se había percatado de que un tercer oficial condujo su automóvil hasta el lugar donde lo liberaron de su encierro en la cajuela. “No se trata de lana”, insistió un policía que al mismo tiempo tiraba puñetazos al rostro del reportero.
En ese instante, Luis vio pasar a unos metros a oficiales federales. Al tanto de que las dos policías estaban enfrentadas porque trabajaban para diferentes cárteles, pensó que lo salvarían, pero, al parecer, no se percataron de la paliza. “¡Mátenlo!”, ordenó el comandante que condujo el carro de Luis, un hombre moreno, de baja estatura, con una estructura ósea muy marcada y sin pasamontañas.
Nada podía hacerse ya. Luis se hincó, fue su último recurso. “Por favor, no me maten”, imploró. La respuesta fueron más golpes. Luis, por algunos segundos, se resignó, pero la voz de uno de los policías con el rostro cubierto lo reanimó: “y si en vez de matarlo”, sugirió, “que nos dé dinero”. Después escuchó la orden: “mira, idiota, tienes que reunir todo el dinero posible, irás a los cajeros y sacarás todo”. “Pero prometan que no van a dispararme”, pidió Luis al borde del llanto. “¡No estás para pedir favores!”.
Cuando caminaba rumbo al cajero, Luis sintió el fuerte frío de la temporada en Juárez y pensó en correr, pero eso, supo, habría sido un grave error: los policías hurtaron su móvil con los contactos de familiares y su identificación con domicilio. Era inútil. Lo tenían atrapado, controlado por completo.
Luis realizó la operación en el cajero y entregó el dinero a los secuestradores. “En unas horas vamos por ti de nuevo”, advirtió el comandante de piel morena, y Luis comprendió que la suma sólo había servido para darle algunas horas más de vida. A lo mejor, pensó, los policías le dirían a quien mandó a ejecutarlo que aún no lo encontraban. Cómo saberlo.
“Llegué a casa muy alterado. Mi pareja había escuchado todo por teléfono porque alcancé a llamarle. Ella recuerda que juraban que me iban a encontrar como vaca, amarrado en la parte de atrás de mi carro”, cuenta Luis desde Ciudad Juárez, más de cinco años después del espantoso suceso, tranquilo, sin omitir detalles. Mi novia se comunicó con mi familia y al llegar todo mundo estaba ahí, perturbado, pero no tanto como yo”.
Apenas habló. Como Luis es residente estadunidense, no lo pensó: tomó una mochila, introdujo algunas prendas y cruzó la frontera.

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Cuando los periodistas se autoexilian, indica Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensda de Artículo 19, sus vidas personales se alteran, el entorno familiar se fractura, ya nada vuelve a ser igual.
“Los periodistas abandonan a sus parejas, hijos”, dice Patargo, “y, en lo laboral, muchas veces pierden su base de trabajo. Cuando llegan a otro lugar, sufren complicaciones para encontrar un nuevo trabajo, sobre todo si no tienen redes de apoyos”.
¾¿Ese fue el caso de Rubén Espinosa?
¾Él salió de Veracruz, donde ya había sido agredido. Instalado en la Ciudad de México, tuvo que cargar con el peso de sentirse víctima: saber que te fuiste de tu lugar y no en busca de nuevas oportunidades. Esto afecta de manera psicosocial y en lo económico: abandonas tu patrimonio, el que sea que tengas.
¾Hay que empezar de nuevo.
¾Sí, podría suceder, depende de cuánto tiempo te vas, si dependías al 100 del periodismo. Hemos documentado que periodistas tenían algún negocio propio. Pero si regresas, ya no es igual. El desplazamiento forzado es complejo y muy duro, porque: ¿qué tanto te puedes adaptar en una sociedad en donde no cuentas con redes y las condiciones son distintas y difíciles? Hay periodistas que se van a otro países, deben aprender el idioma, no tienen conocidos.
¾¿Y los medios? ¿Se solidarizan?
¾Muchas veces, los periodistas prefieren no hacer público dónde están. Eso complica la activación de redes de solidaridad: no quieren que los encuentre la persona que los agredió. Depende de las redes previas del periodista. Si se muda a un lugar donde tiene colegas periodistas, familiares, es más fácil que se active esa solidaridad… pero muchas veces no es así.
Hay casos, cuenta Patargo, “en los que el periodista sale del país con ayuda de organizaciones o embajadas. Su único vínculo es quien lo auxilió a irse. Si regresan a su lugar, pues a veces no lo hacen, se autocensuran, callan por temor a una nueva amenaza o algo peor.

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Los contactos de Humberto le ayudaron a encontrar empleo en Buenos Aires en un canal de televisión. “Gracias a ellos, sacaba un poco de dinero y siempre estaba al pendiente de lo que pasaba en México. Me preocupaba mi familia, mis amigos que ahora ya no son mis amigos, pues varios de ellos decidieron creer que yo había recibido dinero del gobierno, que por eso no quise denunciar, pero en ese momento me rehusé porque estaba muy temeroso, inseguro porque habían dado conmigo, con mi casa, la de mis abuelos. Afectaban a toda mi vida personal. Yo era bastante cercano a Rubén y creía que me iba ocurrir lo mismo”.
Humberto recuerda que Rubén denunció el acoso en su contra ante Derechos Humanos y la fiscalía, de manera pública, “y finalmente lo persiguieron. Por eso, decidí no acusar a nadie y me fui a otro país”. Eso no impidió que en Argentina Humberto permaneciera sin miedo. Al contrario: “estaba solo en un país tan grande, con una economía, sociedad y modo de trabajar diferentes”. Al final, ese cúmulo de situaciones lo quebraron y decidió regresar, tras vivir los días más complicados y solitarios de su vida.
“Yo pensé en subsistir allá con lo que saliera, buscando, aunque no fuera periodismo. La cosa era no estar en México y conservar la vida. No se pudo. También volví porque mi labor en Veracruz es personal: cada migrante que pasa por el estado, las familias de los desaparecidos, son historias que deben darse a conocer”, explica Humberto.
Permaneció en Buenos Aires hasta febrero pasado. “Allá no encontraba lo que quería hacer. Cuando encontré empleo, el sueldo apenas alcanzaba para alimentarme y desplazarme, era imposible algún lujo. Si no hubiera sido por mis amigos… fue, complicadísimo, de lo más difícil de mi vida”.

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M.I.E.D.O.: informe 2015 sobre violencia contra la prensa, elaborado por Artículo 19 y presentado en marzo pasado, indica que ese año fue el más violento para la prensa en México, cuando se registró, en promedio, una agresión cada 22 horas: la organización documentó 397 agresiones, “incluyendo siete asesinatos de periodistas. Esto representa un crecimiento de 21.8 por ciento respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326”, indica el documento.
Los periodistas asesinados fueron: Moisés Sánchez (de La Unión, Veracruz), Abel Martínez Raymundo (de Sentimientos de la voz del pueblo, Oaxaca), Armando Saldaña (de Exa FM, Veracruz/Oaxaca), Gerardo Nieto (de El Tábano, Guanajuato), Juan Mendoza (de Escribiendo la Verdad, Veracruz), Filadelfo Sánchez (de La favorita 103.3 FM, Oaxaca) y Rubén Espinosa, de Cuartoscuro, Ciudad de México/Veracruz.
El expediente agrega que el número de ataques contra la prensa durante los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto fue de mil 73 “hechos documentados y representa 58.5 por ciento, es decir, más de la mitad del total acumulado de agresiones de 2009 a 2015, periodo en el cual se registraron mil 832 casos”.
El 46.9 por ciento de las agresiones, agrega, en los últimos siete años, provienen de algún servidor público. “La violencia contra la prensa no es ajena a un contexto nacional que se destaca por casos de violaciones graves, como son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso de tortura y abuso de autoridad. La impunidad, alimentada por la participación, omisión e inacción del Estado, sufraga la repetición de estos hechos”, precisa el informe.
“El periodismo se ha convertido”, indica, “en una actividad de alto riesgo y en 2015 las entidades que más agresiones registraron fueron Ciudad de México y Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Del total, 69 fueron contra medios, y entre 2014 y 2015, los ataques a éstos aumentó en 80 por ciento”.
El texto también informa que 2015 es el año con mayor número de agresiones contra mujeres periodistas. Se documentaron 84 y “esto pone en evidencia que la violencia contra la prensa incluye características que de manera particular tienen efectos diferentes en la vida personal, psicosocial y profesional de las periodistas, que inhiben el libre ejercicio de sus actividades”.
Artículo 19 concluye que “a pesar de las deplorables condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en México, la respuesta de las autoridades no se ha reflejado en un efecto positivo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas son instancias ineficaces, que por inacción, omisión, y falta de voluntad abonan a la impunidad y la consecuente repetición de violaciones a derechos humanos”.
Las mismas autoridades reconocen la magnitud del problema. La CNDH informó en marzo pasado que, a partir de 2000, “las agresiones contra periodistas registraron un incremento constante” y que la libertad de expresión en el país vive momentos muy delicados, pues se han cometido 109 homicidios de periodistas de 2000 al 31 de enero de 2016, “en diversas entidades federativas. Seis de cada 10 asesinatos, indicó, se cometieron en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

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“Viví un año del otro lado. Dejé todo”, cuenta Luis Chaparro. El periodista continuó con su trabajo en el diario y en EFE. El único cambio laboral fue que lo cambiaron de sección. La agencia, por su parte, interpuso una denuncia anónima ante la CNDH e indicó el incidente había sido en contra de uno de sus corresponsales en México. No brindó detalles.
“Yo estaba muy asustado, no quería moverle más”, cuenta Luis y recuerda que El Diario de El Paso le solicitó un reporte detallado de lo ocurrido para argumentar el cambio de fuente.
“La agencia, inicialmente”, recuerda Luis, “quería realizar un trámite diplomático para ponerme protección, pero como la policía me secuestró, dije que no. El Diario me ofreció una reunión con el alcalde para exponer el caso y buscar a los responsables. En el mejor de los casos iban a despedirlos y me iban a buscar. Pedí que lo dejáramos así”.
El daño, de cualquier forma, estaba ahí: “desarrollé varios síntomas de estrés postraumáticos. Fui en algunas ocasiones con una psicóloga porque estaba paranoico. Ella me pidió que ya no me expusiera a la violencia, pues en Juárez asesinaban a 13 personas a diario y al menos, en un día, veía a un cadáver. Gente con el cráneo reventado, colgados en los puentes”.
En 2013, Luis decidió ser freelance y regresar a la cobertura que le interesaba: narcotráfico y migración. Hoy sabe qué hubiera sido lo ideal en aquel momento: “los medios donde trabajaba tendrían que haberme contactado con organizaciones como Artículo 19, para saber qué hacer en próximas situaciones. No me ofrecieron ayuda psicológica, ninguno de los dos”, indica el periodista de hoy 29 años que comenzó a ejercer el periodismo en 2007.
“Conozco casos de compañeros que son similares o peores al mío”, dice. Luis recuerda a Armando Rodríguez El Choco, de El Diario de Juárez. “Hay colegas”, dice Luis, “que reciben amenazas, nadie les da el apoyo y al final los matan. En México es muy complicado apelar a las autoridades: uno puede escribir sobre el narco pero éste vive en total impunidad. Eso sí, cuando mencionas a policías, políticos, comandantes, la cosa se pone peligrosa. He corrido mayor peligro si toco un tema que los involucra”.
La mañana del 13 de noviembre de 2008, El Choco fue asesinado afuera de su casa, cuando salió con la intención de ir a dejar a su hija a la escuela. Diversos periodistas y defensores de los derechos humanos han afirmado que el móvil de su asesinato fue que Armando había publicado notas de alto riesgo que involucraban a las autoridades, principalmente a la procuraduría de Chihuahua. Los mismos afirman que su esposa, quien también laboraba en el diario, solicitó al periódico una indemnización para sus hijos, pero que El Diario de Juárez, para no cubrirla, envió a los mismos colegas de El Choco a testificar que, en el momento del asesinato, no estaba en cumplimiento de su labor.
¾¿Cuál es la responsabilidad de los medios ante estos hechos? ¾pregunto a Luis Chaparro.
¾Por un lado, tienen esta obsesión con el morbo, los temas de likes. Obligan a los periodistas a escribir sin investigación. Y cuando uno escribe sobre temas peligrosos, faltan recomendaciones, planes de acción, protocolos de seguridad. Es muy raro que un medio, cuando sucede algo a uno de sus reporteros, responda a la familia con apoyo económico o seguro, aunque el empleado haya sido asesinado por su trabajo. Los deudos quedan desamparados.
¾Además, está el problema de los salarios.
¾En el norte es donde la paga es mayor, entre comillas. En Chihuahua y Monterrey, por ejemplo, es de unos 12 y 15 mil pesos. ¿Qué haces con eso, cuando te arriesgas todo el tiempo? Si no tienes ningún tipo de beneficio social, se pone más crudo. El Choco ganaba unos 8, 9 mil pesos al mes.
El periodista compara la situación laboral de los periodistas y policías: “personas en riesgo y con bajos salarios. Existen los periodistas chayoteros. Es criticable, no lo justifico, pero a veces no hay alternativas ante los bajos honorarios. Yo viví un año a la Ciudad de México y descubrí que los sueldos, a veces, son de 6 mil pesos. La renta de un departamento en un lugar más o menos digno, en contraste, es altísima. Hice freelance: siempre hacen lo posible por pagarte menos, escatiman en pago pero no en tiempo, siempre tardan en saldar”.
Luis vive hoy en Juárez, colabora para Univisión, Proceso y El Universal, y reportea en su ciudad, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Texas. “En este estado también operan cárteles mexicanos, hay riesgo, pues trabajan con los mismos jefes. Quizá no me sucede nada del otro lado, pero al cruzar corro peligro. Ya lo viví”.
Por ahora, las precauciones básicas de Luis consisten en formar parte de dos grupos en Whatsapp integrados por otros colegas adscritos a Artículo 19. “Cuando entro a una cobertura de alto riesgo o voy a un lugar peligroso”, indica, “aviso de qué trata, el inicio y término”. En estos casos, cada uno de los integrantes se comunica a cada hora y, si alguien no lo hace, sus compañeros notifican a la organización. “¿Qué otra medida podría tomar? Es la única”, confirma Luis.

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Humberto estudió periodismo y este año se graduó. Aprendió la profesión sobre la marcha, cuando hace algunos años comenzó a laborar en medios impresos y electrónicos. Aunque al principio se interesó por el periodismo cultural, cambió de fuente cuando se percató de los conflictos y movimientos sociales en Veracruz. “Me relacioné con personas del medio y me instruyeron sobre qué es la sociedad veracruzana. Me empapé: cubrí el movimiento YoSoy132, el conflictos magisterial, despojo de tierras, descubrimiento de fosas clandestinas, migración, Ayotzinapa, manifestaciones”, cuenta.
A Rubén Espinosa, precisamente, lo conoció en el movimiento 132. “Cubrimos los movimientos sociales que defendían los derechos humanos. No sé cuál fue el detonante, no sé qué molestó, pero recuerdo lo que decía Rubén: te conviertes en persona incómoda si cubres lo que el gobierno no quiere que la gente vera, pues uno se enfoca en dar la voz a la gente, mostrar condiciones estudiantiles, laborales, civiles”.
En Veracruz, la comunidad universitaria comenzó a manifestarse y Humberto no perdió el tiempo: se dedicó a fotografiar cada momento y, si era posible, cada rostro furioso ante las fallas del gobierno local. Humberto siempre publicaba con su nombre.
“Yo también estaba en situación de intimidación, pero no al mismo nivel que Rubén, él era muy terco. Varias veces le dijimos que se fuera del estado y decía: ‘bueno, sí, pero no tengo dinero’”, cuenta Humberto.
Cuando regresó de Argentina, regresó a los mismos temas. “Pero ya no es lo mismo, estoy más a la defensiva, aunque sé que al gobernante actual le queda poco tiempo”. Volver significó comenzar de nuevo. “Veo a mi familia y un par de amigos, y a pesar de ello, fue como volver a un lugar sin nadie. Sólo me tenía a mí y a una cámara en mano”. Con ayuda de un amigo, Humberto mostró su trabajo en CNN y al poco tiempo le solicitaron más colaboraciones. Actualmente es su corresponsal y colabora en la agencia AFP, Cuarto oscuro y El Universal.
¾¿Concluyó la mala racha?
¾Ahora es mejor pero, ¿a raíz de cuántas cosas? Mejoró mi situación, entre comillas. Te pagan 5 mil pesos por un trabajo pero ¿y si te enfermas? Debes pagar renta, transporte, no es suficiente. No tienes derecho a antigüedad, vacaciones, no hay prestaciones de ley. Estás desgastando un equipo por esos 5 mil. La mitad lo inviertes en comer, transporte. No es vivir, sino sobrevivir. ¿Por qué nosotros no tenemos los mismos derechos que las personas que trabajan en el gobierno? ¿A recibir atención médica? Las agencias ni preguntan cuánto gastas en el reportaje. No. Al final, la paga es nada, el dinero se va. No hay una condición de vida.
Cuando El Universal, hace un año, no se preocupó por el futuro de Humberto, él prefirió ignorar ese desinterés. “No vale la pena molestarse. Así son las condiciones laborales”, indica y cuenta que, sí, reanudó su contrato con el periódico, pero: “me pagan 3 mil pesos, sin seguro, al mes, por enviar fotos, a diario. ¡Imagínate! Para ser franco, aquí en Veracruz, las condiciones de vida son muy desfavorables, tanto para los periodistas como para la gente en general. Es una situación de desesperación y de lucha constante”.