Fondos de programas sociales fueron desviados al PRI

La Auditoría
Superior de la Federación (ASF),
en su informe de la Cuenta
Pública 2015, pidió al Gobierno
de Quintana Roo que aclare y
entregue documentación que
justifique gastos por 67 millones
de pesos que fueron ejercidos por
la Secretaría de Desarrollo Social
e Indígena (Sedesi).
En sus conclusiones, la ASF
revela un probable daño a la
Hacienda Pública Federal y
por ello pide documentos que
demuestren la aplicación de
esos recursos que fueron o no
ejercidos; en caso de no tener
la justificación, la dependencia
deberá reintegrarlos a la Tesorería
de la Federación, informó
Julián Ricalde Magaña, titular
de Sedesi.
En esa cantidad se incluye un
probable perjuicio a la Hacienda
por un monto de tres millones
222 mil pesos, por no haber aplicado
la totalidad de los recursos
disponibles al 30 de abril de 2016
del Fondo de Infraestructura
Social (Fise) 2015.
Para agravar la situación, los
programas Reciclando Basura
por Alimentos y las Brigadas
del Bienestar, utilizados por
la administración de Roberto
Borge Angulo como estandarte
del apoyo a grupos vulnerables,
se encuentran hoy “congelados”
por la ineficiencia de la anterior
administración al aplicar las
partidas y por no realizar mediciones
y estadísticas del nivel de
pobreza en la entidad.
Esos recursos, explicó el titular
de Sedesi, fueron asignados
por el Gobierno Federal para
esos programas de apoyo social,
pero los funcionarios borgistas
de Sedesi lo desviaron para otros
fines y hasta el momento siguen
sin comprobar el uso o destino
que les dieron.
“La Auditoría en su dictamen
se refiere a programas como Prospera
y pregunta si tuvo o no los
alcances para quitar el hambre
a su población; el asunto es que
no hubo claridad y transparencia
en la aplicación de los recursos.
“Además, los programas
deben ser asertivos para ver
si impactamos o no en algún
rubro y la respuesta es negativa,
no hubo impacto positivo en la
población; por el contrario, sólo
hubo campañas disfrazadas con
despensas y ahora la prueba es
que estamos demandados por
Liconsa, porque no se pagaron
las grandes cantidades de leche
que se pidieron para el programa
y se desviaron recursos para un
partido político”, agregó Ricalde
Magaña.
El funcionario comentó que
el porcentaje de carencia por
hambre nunca fue medido aunque
saben que aumentó en los
últimos años, pues una de cada
tres personas de Quintana Roo
son pobres y siete por ciento
viven en situaciones extremas
de condiciones mínimas de satisfacción
en alimentos, vivienda,
educación, seguridad.
El análisis e investigación de
los recursos de lo que entregó la
anterior administración está en
manos de la Gestión Pública y
las observaciones con las sanciones
correspondientes ya están
en trámite.
Según datos del Consejo
Nacional de Evaluación de Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval),
la carencia por acceder a
los alimentos aumentó más del
5%, pues en 2012 la tasa era de
18.6% y en 2014 de casi 24%, lo
que implica un total de 80 mil
personas con carencias.