Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al igual que la presidenta de la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, quien ha denunciado una serie de actos de corrupción contra el ex gobernador Roberto Borge, entre otros, el empresario cozumeleño radicado en Playa del Carmen, Carlos Antonio Mimenza Novelo, se convirtió en poco más de un mes en uno de los principales personajes públicos de la entidad.
A menos que el diablo meta la cola, el hombre, presidente de la fundación “Villa La Esperanza”, interpondrá este martes una denuncia ante la PGR, como hizo Fabiola Cortes contra el ex mandatario, que dejó al Estado en bancarrota con un multimillonario adeudo que incluyó escandalosa corrupción y desviación de recursos, ante los cuales el presidente Peña Nieto sólo ha dado muestras de impunidad.
Apenas ayer, Mimenza Novelo, cuyo nombre comenzó a “sonar” desde el 17 de enero tras una publicación en Facebook, donde responsabilizó a los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge por la violencia y crimen organizado en Playa del Carmen y Cancún, presentó ante el Congreso local 26 demandas de juicio político contra Borge, el ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, y ex colaboradores de éstos.
Asimismo, demandó a los ex titulares de Finanzas de Borge, Juan Pablo Guillermo Molina y Alejandro Marrufo Roldán, así como ex director de Comunicaciones y Transporte, Javier Zetina González -hoy cuestionado titular de la Auditoría Superior del Estado-, y la Comuna de Solidaridad que encabezó Mauricio Góngora, por desviar recursos estatales y federales, enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación de fondos y peculado.
Pero esta es sólo parte de la historia, ya que días antes denunció que Borge estuvo involucrado en un mega-fraude inicial por 80 millones de pesos, en contubernio con el ex gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, con quien tendría sociedades en común con más de 40 empresas, a través del Grupo Intra, propiedad de los hermanos jarochos Francisco y Javier Ruiz Anitúa.
“Casualmente”, el primero de éstos es compadre de Roberto Borge, y el segundo, de Javier Duarte, todos beneficiados a través de una filial de Intra -el Grupo Desarrollador “GD Rumega”-, con el que maquinaron millonarios contratos, desde dos meses de iniciar el sexenio de Borge, quien les entregó más de 80 millones de pesos en contratos en sus primeros 9 meses de sexenio.
Sospechosamente, el domicilio fiscal de Rumega en Chetumal es una casa de interés social semi abandonada y constituida por tres empleados, sobre lo cual existen pruebas de corrupción, así como en autoridades locales y de la PGR, “pero nadie está haciendo algo por frenar la impunidad”, acusó.
No obstante, dijo confiar en el gobernador Carlos Joaquín González y su propuesta de campaña, en el sentido de que encarcelaría a todos los involucrados en actos de corrupción, aunque “se le está acabando el tiempo”.
Así, exigió “una limpia” de funcionarios, ya que existe mucha gente en direcciones importantes que siguen operando en su propio gobierno, entre ellos Raúl González Castilla, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, desde donde orquesta invasiones con un grupo de pandilleros y sigue robando propiedades del Estado.
Dijo tener nombres de cómplices de “Rumega” de Veracruz, Monterrey, sobre todo de Quintana Roo, y recordó que la semana anterior denunció a ex funcionarios de Solidaridad, incluso Mauricio Góngora, quien “bajó” recursos federales y los desvió para construir una avenida en terrenos privados.
Para darle una idea del poder de Intra, apenas en noviembre último, 300 propietarios de predios aledaños al corporativo, encabezados por Ricardo Sánchez Chiunti, denunciaron que Marino Reyes Sosa y Onésimo Capistrán, empleados de Javier y Francisco Ruiz Anitúa, impiden con infraestructura y amenazas acceder a predios particulares en la zona norte del puerto.
Lo peor es que, contra sus ofrecimientos de campaña, en el sentido de que viviría en un hotel o rentaría una modesta casa, el nuevo gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, estrenará en breve lujosa mansión ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa.
Lo cuestionable del caso es que su construcción ¡está a cargo de Intra!, lo que remite al caso de Peña Nieto con el grupo Higa y la cuestionada Casa Blanca, que finalmente “devolvió” Angélica Rivera a ese consorcio.
Las oscuras relaciones de Roberto Borge con Intra y su filial GD Rumega, creada en mayo del 2011, se remontan a hace 5 años, según documentó un año después el portal Noticaribe, que denunció a un operador político y un compadre de Roberto Borge como los socios de esta empresa, ganadora de licitaciones “a modo”.
Éstos eran Edgar Méndez Montoya -vivía en Cancún- y Francisco Ruiz Anitúa, creadores de GD Rumega, que se convirtió en la “favorita” del ex mandatario, que en sólo 7 meses, a través de Sintra, le asignó 10 licitaciones, para lo cual entregó información anticipada para eliminar competidores y facilitarle ganar los concursos.
Sus demás socios eran el empresario regiomontano Andrez Maiz y el hermano de su “compadre”, Javier Ruiz.
Empero, formalmente sólo aparecían los “prestanombres” Cristóbal Gaudiano Rovirosa y Raúl Gilberto Ramos Espinosa, empleados de Méndez Montoya y Francisco Ruiz, respectivamente, aunque también formaba parte del grupo el tabasqueño Germán Garduza Linares, operador de Edgar Méndez que colaboró en la campaña de Borge como asesor en Control de Gastos.
Garduza Linares contactaba con Sintra y monitoreaba la asignación de las obras. Su nombre aparece en numerosos correos internos de GD Rumega, con constancias de información privilegiada para elaborar las propuestas ganadoras de los concursos en licitaciones de proyectos de obra pública.
Así, a partir de octubre del 2011 “ganó” construir el hospital de Nicolás Bravo, ampliar los Juzgados de Playa del Carmen, el mejoramiento urbano de Puerto Morelos, equipar 5 playas de Cancún, un kinder y una primaria de Mahahual -esta última, cancelada-; ampliar el Cecyte IV de Cancún, el Parador Turístico de Puerto Morelos y modernizar la carretera en Nuevo Becar.
Además, en abril del 2012, GD Rumega obtuvo las licitaciones para construir los dos primeros CIPIs (Centro Integral de Primera Infancia) de la Fundación “ALAS” de Shakira, en Cancún y Chetumal, en el primero de los casos se denunció la entrega ilegal del terreno en Villas Otoch Paraíso.
A efecto de cumplir con un formalismo de imagen, la empresa se inscribía en proyectos donde sabía que no ganaría, aunque en todos los demás casos recibía de Sintra información anticipada sobre los presupuestos base de los proyectos a licitar para facilitarles entregar la propuesta ganadora, según consta en sus propios correos internos.
La seguridad de que ganaría por acuerdo político, le permitía en forma paralela iniciar un proceso de solicitud de cotizaciones de los proyectos con otras empresas para subcontratar la obra una vez asignada, ya que carecía de capacidad técnica y maquinaria para ejecutar por sí misma los proyectos.
GD Rumega se creó un mes después de la toma de posesión de Roberto Borge, con el único objetivo de beneficiarse de los proyectos de obra pública, lo que constituyó un claro caso de corrupción y tráfico de influencias.
Contamos con mayores elementos en torno al mega-fraude que habría encabezado el ex gobernador de Quintana Roo, quien todo hace suponer que cuenta con un “misterioso” manto protector por parte del gobierno de Peña Nieto, pero para hoy esperamos las revelaciones de Mimenza Novelo en la PGR, que seguramente “dormirán” el sueño de los justos.
El caso, como las demás denuncias que interpuso Carlos Joaquín en su momento, permanece en algún escritorio de la PGR hasta recibir órdenes de “más arriba”, aunque también existen serias dudas sobre el papel de las que obran en poder del nuevo Fiscal General, el cuestionado ex subprocurador y ex juez Miguel Ángel Pech Cen.
Ya daremos más información sobre el tema, pero, nos preguntamos, ¿cómo quieren que los quintanarroenses no seamos tan “mal pensados”?