newsPor Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Originario de Córdoba, Veracruz, pero quintanarroense por convicción desde 1977, el ex diputado local de Convergencia por la Democracia, el entonces priísta Joaquín González Castro, incluyó en su haber la posibilidad de convertirse en gobernador de Quintana Roo hace más de 23 años, cuando la perdió por una nariz ante Mario Villanueva Madrid.
Invitado a integrarse al gobierno por el entonces mandatario Pedro Joaquín Coldwell, con quien fue secretario de Finanzas (1980-84), el político de la llanada “Ciudad de los 30 Caballeros”, que se convirtió en alcalde de Cancún (1984-87) después de José Irabién Medina -le sucedió el extinto José González Zapata-, empero, tan sólo es un referente de la columna de hoy.
Mejor conocido como “El Quino” y acostumbrado a sacarle las castañas del fuego a Pedro Joaquín -también fue secretario de gobierno-, esa cualidad le valió muchas ocasiones ser comparado por el caricaturista Nicolás Lizama “Colinas” con el “Chapulín Colorado por el conocido dicho “Ahora ¿quién podrá defenderme?”.
En este sentido, “Colinas” comparaba los grandes problemas de aquel sexenio con los que sólo podría resolverlos González Castro como “casos para la araña”, y éste nunca le hizo quedar mal, pero, aunque éste nunca llegó a la gubernatura, por lo menos dejó de ser perseguido por los “Nativistas” tras convertirse Mario Villanueva en controvertido gobernante, el mejor para los que carecen de buena memoria.
Pero, vaya, el caso es que algunas circunstancias del gobierno de Carlos Joaquín González nos obligaron a remitirnos al tema, particularmente recién iniciado el sexenio, cuando, al igual que cuando el mandatario independiente de Nuevo León “El Bronco”, logró arrebatarle el poder al PRI, pero carecía de mayoría en el Congreso.
Para nadie era un secreto que tendría Carlos Joaquín que resignarse a la impunidad de las huestes del ex gobernador Roberto Borge y de éste mismo a través de la XV Legislatura, que se esperaba coordinara el priísta Raymundo King de la Rosa, lo que sorpresivamente no ocurrió tras una serie de acuerdos con los aliados del mandatario y la nueva oposición.
No menos sorpresivo resultó enterarnos que quien lo había hecho posible ese acuerdo que se antojaba imposible era el recién nombrado titular del Despacho del Ejecutivo, el ex priísta Miguel Ramón Martín Azueta, ex alcalde de Solidaridad cuyo ascenso al nuevo gabinete había sido objeto de los más diversos cuestionamientos.
Más sorpresivo aun fue que quien -al menos en teoría- debería ser el responsable de esos acuerdos, pláticas, negociaciones o como quiera Usted llamarle, era precisamente el titular de la Secretaría de Gobierno, el “panista” -también en teoría- Francisco López Mena, garante de la política interna de Quintana Roo.
Para mala fortuna de Carlos Joaquín -y de los mismos quintanarroenses- el empresario cancunense prefiere practicar la tradicional política “de oficina”, “de teléfono”, como si creyera que los demás actores políticos también son los de antaño, que están a la espera de esa llamada telefónica o que los inviten a tomar café y comer galletas.
Pero eso no es todo, ya que si de repartir responsabilidades se refiere, también habríamos de acusar a López Mena -supuesto “vicegobernador” de Quintana Roo- de propiciar que le explotaran dos o tres problemas en las manos a Carlos Joaquín, sobre todo en su papel de coordinador de gabinete, y más aun de imagen política.
Demasiado caro le está resultando a Carlos Joaquín asumir un papel de “beneficiado” de la coalición derecha-izquierda para asumir la gubernatura con el PAN y PRD, aunque más inclinado por el primero, y mejor prueba es haberle cedido la Secretaría de Gobierno, en la que, quiérase o no, estuviera haciendo mejor papel el perredista Julián Ricalde Magaña.
Así las cosas, uno de los muy contados, verdaderos colaboradores de confianza y amigos del Jefe de Ejecutivo es precisamente Miguel Ramón, quien recién dio nueva muestra de capacidad política, ahora con el álgido tema de los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, cuyas cosechas resultaron dañadas, pero diversos “tecnicismos” de la aseguradora Agroasemex no se les había pagado el Seguro Agropecuario Catastrófico.
Contra el papel que asumió López Mena con el caso de los ejidatarios de José María Morelos, donde tuvo que estallarle la “bomba” a Carlos Joaquín para tomar cartas en el asunto “desde su oficina”, Miguel Ramón se trasladó a Carrillo Puerto, dialogó con los afectados y les cumplió su ofrecimiento de gestionar su pago a más tardar el 5 de enero.
Así las cosas, en clara muestra de voluntad política del Ejecutivo, su jefe de Despacho encabezó el inicio del pago de 12.5 millones de pesos a 12 mil 500 campesinos afectados de 75 ejidos de Carrillo Puerto, en un evento que atestiguaron la alcaldesa de Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, y el subsecretario de la Sedaru, Antonio Rico Lomelí.
La propia Paoly Perera reconoció que Miguel Ramón estuvo pendiente del caso y demostró voluntad para solucionar el problema, en tanto el líder de los campesinos, Carlos Antonio Torres Sabido, agradeció el apoyo de Carlos Joaquín, y celebró el primer acuerdo en que las partes quedaron satisfechas, y sin necesidad de que la aseguradora revisara las cosechas siniestradas.
Para darle una idea de la magnitud del caso, desde el 28 de diciembre, comisariados ejidales de 21 comunidades de Carrillo Puerto realizaron un plantón frente a palacio de ese municipio para exigir el pago y esperaban infructuosamente una comisión de la Sedaru para obtener información sobre el retraso.
Al igual que los ejidatarios de Morelos, pedían a las autoridades un muestreo de verificación en todas las regiones y no tomar como base una comunidad donde no se registraron mayores afectaciones, por lo que desde el día siguiente estaba Miguel Ramón con ellos, acompañado de la presidenta municipal.
Por el contrario, en Morelos, donde hasta el lunes último inició el pago 10 millones 350 mil pesos del seguro catastrófico a unos 500 campesinos de 35 ejidos afectados, el escándalo estalló desde el 26 de diciembre, cuando los campesinos “tomaron” el palacio municipal en reclamo del pago, tras retener al alcalde José Dolores Valadez Chi, entre otros, y marchar por las calles.
Los labriegos causaron destrozos en puertas e interior del edificio, tras el fracaso de las primeras negociaciones con López Mena; el también panista Joel Espinoza Moreno, subsecretario de Desarrollo Político: el director de siniestros, Marco Tulio Herrera Núñez, y Rico Lomelí.
Inclusive, el tesorero y el secretario técnico de la Comuna, Carlos Cetina Alamilla y Jorge Martín Angulo, respectivamente, así como el director de Desarrollo Agropecuario, Donato Canul Tut, fueron retenidos hasta el día 31 y liberados de la alcaldía de Sabán, donde los ejidatarios reclamaban el pago.
¿Será que Miguel Ramón tuvo mejor “suerte” que el “vicegobernador” López Mena? O éste último equivocó -o ignora todavía- las “formas” de negociación política.
O bien será el retorno de un émulo de González Castro para resolver casos “para la araña” ante quien le ha quedado demasiado grande el cargo de “segundo de a bordo” ¡Y pensar que en 1999, como candidato externo del PAN, intentó ser gobernador!
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*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
