Los Piratas de Borge, Duarte y otros casos de corrupción que marcaron el 2016

Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.

Pero de pronto, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local y de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún irrumpen el idílico despertar de este lugar y en pocas horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. Mientras que el propietario del hotel, Joel Tovar, lo pierde todo.

Funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, arrebataron el patrimonio de empresas y particulares, y remataron terrenos de propiedad pública a través de familiares, empleados y personas cercanas, de acuerdo con la investigación especial realizada por Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

Las empresas no se enteran de la demanda y quedan sin posibilidad de defenderse, y la Secretaría del Trabajo local se presenta para embargar los bienes, y cuando el empresario se queja ante la Junta, esta simplemente rechaza la queja, falla a favor del trabajador y vacía las cuentas bancarias del empresario, y los inmuebles son rematados.

Esta red dejó sin patrimonio a propietarios en las zonas turísticas de Quintana Roo, Tulum, Isla Mujeres y Holbox, pero no es la única acusación contra Borge Angulo. En diciembre, el gobierno de Quintana Roo interpuso denuncias penales en la Fiscalía General del estado en contra de cuatro titulares de juntas de Conciliación y Arbitraje, por llevar a cabo dichos juicios laborales a modo para despojar de sus bienes a empresarios, ejidatarios y particulares.

De acuerdo con la nueva administración de Quintana Roo, encabezaba el gobernador Carlos Joaquín, aún no es posible calcular el monto total del daño económico causado al estado por malos manejos del exgobernador, aunque la deuda que heredó al estado llega a los 22,000 millones de pesos.

Aunque el Congreso emitió una alerta para evitar que Borge salga de México, la última aparición pública de éste fue en octubre pasado, cuando mandó un misterioso tuit.

Un daño patrimonial por 16,175 millones de pesos, un exgobernante desaparecido, deudas hasta el cuello y protestas, así es el panorama que enfrenta actualmente Veracruz.

La bomba política estalló en abril cuando el priista Javier Duarte aún gobernaba ese estado y fue acusado de enriquecimiento ilícito por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, quien entonces contendía por la gubernatura de la entidad.

Duarte y Yunes intercambiaron diversas acusaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito, mientras otra bomba, la financiera, estallaba en el estado: estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo, deportistas y sociedad civil exigían al gobierno que se les liquidaran pagos pendientes.

Duarte solicitó, un mes después, licencia al cargo de gobernador de Veracruz, con el fin de enfrentar las acusaciones en su contra, pero fue la última vez que se le vio, ahora la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quienes den datos para su localización.

Y mientras las denuncias contra Duarte se acumulan -52 presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, tras revisar las cuentas públicas hasta 2014-, poco a poco se destapan los detalles de su presunto desfalco que dejó un daño patrimonial al estado por 16,175 millones de pesos.

Hasta el momento se le han asegurado a Duarte 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades.

Defraudación fiscal, corrupción y operaciones ilícitas son algunas de las acusaciones que pesan sobre Guillermo Padrés Elías, quien gobernó Sonora de 2009 al 2015.

Cuando aún dirigía el estado, Padrés fue señalado de construir una presa de forma indebida, así como de condonar millones de pesos en impuestos a empresas en las que participan socios, amigos y familiares de sus colaboradores y él mismo. Sin embargo, fue hasta septiembre de este año cuando la PGR solicitó una orden de aprehensión en su contra por 30,000 millones de pesos faltantes en el erario, según Expansión y la Jornada.

Tras las acusaciones, el 16 octubre, el sonorense fue citado para comparecer ante la Comisión Anticorrupción de su partido, el PAN, pero no se presentó y un día después, la Interpol emitió una ficha roja para localizarlo, debido a que era buscado por la justicia mexicana por presunta defraudación fiscal por ocho millones de dólares y lavado de dinero.

Padrés finalmente se entregó el 10 de noviembre y permanece recluido en el Reclusorio Oriente. El político, quien ha dicho que vive una persecución política, ha promovido una serie de amparos, el más reciente fue uno para que se suspenda cualquier aprehensión en su contra por delitos menores.

Sin embargo, los señalamientos aumentan, la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, indicó que se han detectado daños a las arcas públicas locales por más de 30,000 millones de pesos durante el gobierno de Padrés y se han asegurado un rancho y otras propiedades del político.

Ahora, Pavlovich tiene el reto de levantar a un estado que registra una quiebra en el sector salud, falta de infraestructura educativa y de bienes, daños en carreteras, a pesar de que hubo dinero para mantenimiento, e irregularidades fiscales porque su antecesor perdonó impuestos a empresas.

Una emergencia financiera, corrupción e ingresos comprometidos hasta 2024 es la herencia de César Duarte Jáquez a Chihuahua, tras dejar la gubernatura de ese estado en octubre de este año.

Duarte es acusado de desviar recursos a través de cinco modus operandi, que incluyen adjudicaciones directas a empresas, contratos de servicios con empresas fantasma y la venta de bienes públicos a precios menores de los reales, de acuerdo con lo denunciado por el actual gobernador de la entidad, el panista Javier Corral.

El exmandatario también descontó un porcentaje de los sueldos de los empleados estatales, con el fin de entregarlo a la dirigencia del PRI chihuahuense y tenía aviadores o personas que cobraban un sueldo sin trabajar.

Líderes empresariales de Chihuahua piden a Peña actuar ante crisis de corrupción

Además, es señalado de dejar endeudado a Chihuahua con 55,000 millones de pesos, retener de forma ilegal salarios de funcionarios por 79 millones de pesos, así como de usar recursos públicos en su beneficio a través del Banco Progreso, del cual buscó ser accionista, así como de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En julio pasado, la administración del presidente Enrique Peña Nieto impugnó la creación de la fiscalía anticorrupción de Chihuahua y el eventual nombramiento de su titular, medidas que eran vistas como una forma de que Duarte garantizara impunidad ante presuntas acciones de corrupción cometidas durante su sexenio.

Y mientras se resuelven las denuncias contra Duarte ante la PGR, el nuevo gobierno ha recibido una ayuda por 294 mdp, y busca reestructurar su deuda y ahorrar 1,750 mdp, a través de mejoras en la recaudación fiscal, recortes en el gasto y congelar plazas vacantes.

Twitter se volvió loco el 15 de enero cuando con el hashtag #Misióncumplida, la Policía Española anunció que fue detenido Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila de 2005 a 2011. Tan solo siete días antes, el presidente Enrique Peña Nieto usó esa palabra para informar la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Desde que dejó el cargo, Moreira Valdés ha sido investigado por malversación de recursos públicos cuando fue gobernador de ese estado y se le atribuye un crecimiento de la deuda de ese estado de 323 millones de pesos en 2005 a 36.675 millones de pesos en 2011, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.Tars dejar la presidencia del PRI y luego de que su hijo fue asesinado a tiros, supuestamente por Los Zetas, Moreira se mudó a España. Sin embargo, fue hasta enero de este año cuando la Fiscalía Anticorrupción de ese país ordenó la aprehensión del exmandatario debido a una investigación en su contra por malversación de fondos, presuntamente cometido durante su administración.

La justicia española ya tenía cerca de un año investigando las transferencias de dinero que hizo Moreira a España en 2013, por 200,000 dólares, aunque el exgobernador estuvo en prisión solo una semana, pues el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, lo dejó en libertad sin fianza, al no hallar delitos en su contra.

Y en mayo pasado, el caso fue cerrado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España bajo el argumento de que la justicia española no tenía la competencia para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos.

Pero las acusaciones contra Moreira Valdés no han cesado y en junio pasado, un documento de la corte estadounidense para el Distrito Oeste de Texas, involucró al exgobernador priista en operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con el documento, el exmandatario y otros funcionarios estuvieron involucrados en las transacciones que realizó el empresario mexicano Rolando González Treviño para transferir dinero robado.

Y el 27 de julio pasado, un grupo de senadores panistas interpusieron una nueva denuncia contra Moreira por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado. (Expansión)