Pedro Canché(24 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo públicas un conjunto de recomendaciones para México, después de haber recibido formalmente la respuesta escrita del Estado mexicano a las mismas en una reunión celebrada en Nueva York. Ante ambos documentos las organizaciones mexicanas emitieron la exigencia de cumplirlas.
Las recomendaciones constan de la creación de un Consejo Asesor para erradicar la impunidad, debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos, desarrollar un Código de Justicia Militar, seguridad pública en línea con los derechos humanos, registro de todas las detenciones, autonomía de diversos órganos, ratificación de instrumentos internacionales.
Crear un mecanismo inter-institucional de alto nivel para asegurar la implementación de los estándares y recomendaciones internacionales, además, garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos.
Así como también establecer políticas públicas en favor de las mujeres, y llevar una metodología de indicadores de la ONU-DH y crear leyes generales sobre tortura y desaparición forzada.
Sin embargo, partiendo del hecho que los casos mayormente emblemáticos de violaciones a derechos humanos, manifestados por medio de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, han sido perpetrados por fuerzas armadas, indignó a las organizaciones, la respuesta del gobierno hacia la ONU.
Y es que Enrique Peña Nieto desechó de manera abierta, la sugerencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre imponer mayores controles a las fuerzas militares, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Las organizaciones civiles han dejado en claro que exigen el pleno cumplimiento de las catorce recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein.
Las cuales, se derivan de las cuatro medidas urgentes que son: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
Esto, porque aseguran, que desde diversos espacios y articulaciones de la sociedad civil han trabajado propuestas que van en concordancia con y profundizan las recomendaciones del Alto Comisionado, aunque jamás han sido tomadas en cuenta y cuando se ha realizado, no se han puesto en práctica.
Por lo que aseguran que “la respuesta del Estado a las recomendaciones no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por lo que resaltan, consideran particularmente importante “el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado.
Realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población”.
Organismos como Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otros, hacen énfasis en que es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo.
El cual se mantenga a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones.
Resaltando la aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas, como uno de los mayores aciertos. Además exigen al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación.
Y recuerdan que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.
Aseverando que dichas recomendaciones muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padece el país, “ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI y la propia CIDH en ocasión de su visita de país. Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana sino a los organismos internacionales”, han enfatizado.
