Pedro CanchéNO AVANZA FISCALÍA DE QROO EN DENUNCIA CONTRA EX GOBERNADOR ROBERTO BORGE
PLAYA DEL CARMEN, MX.(Somos Tus Ojos). 13/10/2016.- Sin avance se encuentra la denuncia presentada en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, presentada ante en el Ministerio Público de Solidaridad, en la ciudad de Playa del Carmen.
Barcos CAribe Roberto Borge enriquecimiento ilicito
El domingo 25 de septiembre pasado, fecha en la que Borge Angulo se quedó sin fuero constitucional, se presentó la denuncia por el delito de peculado, contemplado en el artículo 256 del Código Penal de Quintana Roo, por la venta a precios subvaluados de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, mismos que eran propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y la cual quedó registrada con el número FGE/QR/SOL/09/3943/2016.
Tres días después, el 28 de septiembre, se realizó una ampliación de la denuncia inicial por el delito de enriquecimiento ilícito (artículo 252 del Código Penal de Quintana Roo), misma que se acompañó con 19 datos de prueba consistentes entre otros documentos en la copia simple del acta Constitutiva de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., razón social de la compañía naviera Barcos Caribe, que presuntamente pertenece a Roberto Borge Angulo, y en la que Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo se ostentan como propietarios.
Se aportó también como dato de prueba la copia simple del Acta número tres mil novecientos veintidós, volumen XVII, tomo C, folio ciento ochenta y ocho expedida por el notario 47 de Cozumel, Ricardo Lezama Pech, el tres de diciembre del año dos mil catorce en la que se protocoliza la factura comercial de la embarcación Kilimanjaro I, conocida ahora como “Caribe”. Igualmente se aportó la copia del Acta correspondiente de la protocolización de la factura comercial de la embarcación Kilimanjaro II, conocida ahora como “Caribe II”.
En el acta de protocolización de los referidos documentos, se lee la transcripción de la factura comercial, debidamente traducida del inglés al español por perito autorizado, en la que se hace constar la venta por parte de Kilimanjaro Fast Ferries LTD, con sede en Zanzibar, Tanzania, de dos unidades de ferries de pasajeros tipo catamarán de nombre Kilimanjaro I y Kilimanjaro II a Impulsora Marítima de QRoo y del Caribe, por un monto de 4,900,000 dólares americanos (cuatro millones novecientos mil dólares americanos), pagados en su totalidad.
Con estos datos de prueba, se solicitó a la Fiscalía del estado dar aviso a la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se determine si la adquisición de los referidos barcos se llevó a cabo con apego a la ley
Asimismo se le requirió dar parte a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, para saber en qué modalidad fueron pagadas las embarcaciones, ya que dicho dato no obra en las facturas y tampoco en las actas de protocolización de documentos; y de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su fracción II: “Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes: (…) II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;”
A la Fiscalía de Quintana Roo, también se le entregaron, en copia simple, documentos relacionados con la actividad fiscal de Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, a quienes se señaló como presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, y en las que no demuestran capacidad económica para llevar a cabo la compra de las embarcaciones referidas por un monto de casi 5 millones de dólares, liquidados totalmente a la entrega de los dos catamaranes que actualmente prestan el servicio de ferri de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel.
De la misma manera, se le allegaron datos de prueba consistentes en copia simple del Acta constitutiva de la escritura pública número 3,634 (tres mil seiscientos treinta y cuatro) emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, de fecha tres de marzo del año dos mil catorce, en la que Celso González Hermosillo y Melgarejo y María Lourdes Pinelo Nieto, constituyen “Caracol 65 Sociedad Anónima de Capital Variable”. Dicha empresa cuyo objeto social es la compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, fue beneficiada con la entrega de diversos predios por parte del IPAE, de los que se le proporcionaron a la autoridad, en copia simple, los contratos de compraventa del IPAE.
María Lourdes Pinelo Nieto es desde hace años, secretaria del señor Roberto Borge Martín, padre del ex Gobernador; en tanto César Celso González Hermosillo, es abogado de la familia, lo que es públicamente conocido en la isla de Cozumel.
Por el delito de peculado también se denunció a Claudia Romanillos Villanueva, quien fungió como titular del IPAE.
Esta semana la denuncia y su ampliación fue asignada al agente del Ministerio Público de Solidaridad especializado en delitos diversos, quien determinará lo precedente.
Cabe destacar que una copia de la denuncia, su ampliación y los datos de prueba fue entregada por Oficialía de Partes de la PGR, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, cuyo titular es José Guadalupe Medina Romero, funcionario que solicitó la atracción de las denuncias presentadas en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.
Los datos de prueba entregados a la Fiscalía del estado y a la PGR, son indicios sólidos que hacen presumir la constitución de diversos delitos, mismos que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
