Pedro CanchéCANCÚN, MX.- El Gobernador Roberto Borge, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), entregó un título de propiedad de un terreno de casi 4 hectáreas a Alberto Millar López, director de la revista Polémica, y hermano de Heriberto, director del periódico Respuesta, ambos artífices de la ‘guerra sucia’ contra opositores antes y durante la pasada contienda electoral.
El predio se encuentra dentro de una superficie de mas de 700 hectáreas que fue expropiada al ejido Bolfil, en las afueras de Cancún, a solicitud del entonces Gobernador del Estado, Mario Villanueva, por decreto presidencial del 4 de julio de 1994.
Sin embargo, este caso ejemplifica como el decreto de expropiación fue desvirtuado y hoy esos terrenos se han usado para hacer negocios particulares y premiar a incondicionales, en un claro caso de desvío de recursos públicos.
El terreno titulado a este editor de esta revista es el mismo donde se encontraba una aeropista que el año pasado fue invadida y desalojada por los hermanos Millar, según consta en una denuncia aún en proceso de resolución.
El título de propiedad está firmado por Claudia Romanillos Villanueva, directora del IPAE que apenas el pasado miércoles compareció en el Congreso donde fue duramente cuestionada por los diputados de la XV Legislatura por la opacidad en la venta del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo.
De acuerdo con los diputados locales, en muchos casos el IPAE malbarató la reserva territorial del estado a precios de ganga como se demostró en una reciente transacción en la que cedió un amplio predio al Grupo Bahía Príncipe a razón de sólo 65 pesos la hectárea.
Un reportaje transmitido esta semana en el noticiero estela de Televisa, con Denise Maerker, también documentó venta de terrenos a familiares, amigos y empleados del Gobernador Roberto Borge.
LA HISTORIA DEL POLÍGONO DE LAS SASCABERAS
El terreno entregado a Alberto Millar se encuentra en lo que se conoce es la zona de sascaberas, una franja colindante con la reserva natural Manglares del Sistema Lagunar Nichupté y que desde hace muchos años fue impactada y que corresponde al corredor Cancún-Aeropuerto.
El 4 de julio de 1994, con base en un decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se expropió “por causa de utilidad pública” al ejido ‘Alfredo V. Bonfil’ esta franja de 783 hectáreas a favor del Gobierno de Quintana Roo para, supuestamente, destinarse a la regeneración de áreas degradadas por explotación de materiales pétreos.
En su momento, el gobierno estatal pagó por estas tierras al Ejido Bonfil sólo un millón 500 mil pesos.
Sin embargo, desde 1998, el FIFONAFE documentó que parte de la superficie expropiada no cumplía con la causa de utilidad pública, por lo que la directiva ejidal inició el 3 de abril del año 2000 una demanda de reversión de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario bajo el expediente 48/2000.
De acuerdo con un peritaje realizado en agosto del 2000, tanto la directiva ejidal como el gobierno del estado, concluyeron que de las 783 hectáreas, sólo en 515 hectáreas se cumplía la causa de utilidad pública establecida en el decreto de expropiación, mientras que en las restantes 268 hectáreas se cambió el destino, ya que existen construcciones de diversos usos.
Con algunas modificaciones, el acuerdo era que el Gobierno del Estado debería pagar una nueva indemnización por los terrenos que no cumplían con la causa de utilidad pública si es que querían conservarlos, lo cual, al final, implicaba no 268 hectáreas sino por lo menos 325 hectáreas.
En el mismo oficio, se señaló que la superficie restante de 467-80-04 00 hectáreas, está considerada como Área Natural Protegida, cuyo uso no tendría modificación alguna.
Hacia el 2002, se alcanzó un acuerdo en el que el Gobierno de Quintana Roo aceptó pagar poco más de 188 millones 730 mil pesos de contraprestación por la superficie destinada a otros fines y así concluir el litigio de reversión de tierras.
Adicionalmente, el polígono de expropiación fue regulado hasta la modificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2014-2030 por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2015 (POEL) que estableció una Unidad de Gestión Ambiental especifica la número 15 concretamente, denominada “Zona de Sacaberas” con política de ordenamiento ecológico de restauración, con uso de suelo predominante de centro recreativo, con una densidad máxima permitida y porcentaje de desmonte de cero.
Sin embargo, posteriormente se modificó este ordenamiento para prácticamente permitir construir cualquier cosa, ya que casi todo el polígono quedó regulado como SCU- Comercio de Subsecentro Urbano.
Gracias a esto, durante la administración de Roberto Borge, se han entregado terrenos y se han autorizado proyectos de tipo inmobiliario que chocan con el objetivo inicial del decreto.
Este es el caso del terreno entregado a Alberto Millar. (Noticaribe)
