Por Enrique Huerta
La primera comparecencia de un funcionario estatal en el Congreso de Quintana Roo transmitida en internet fue ríspida. Y cómo no iba a serlo, si se abrió este ciclo de explicaciones sobre el 5º Informe de Gobierno con el secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, quien, como era de esperarse, dijo que en cinco años se ha llevado a cabo un “buen desempeño fiscal”, a pesar de que el estado es líder en deuda per cápita y que el equipo de transición del próximo gobierno indicara que el gobierno estatal está en crisis financiera.
En términos generales, Guillermo Molina dijo ante la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo que no había de otra más que adquirir deuda pública, mientras el déficit de operaciones, presumió que éste se había reducido drásticamente de un gobierno al otro.
Asimismo, se preveía que el funcionario tendría que aguantar la serie de cuestionamientos sobre su desempeño, como el del presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, quien citó un fragmento del 5º Informe de Gobierno en el que dice que en cinco años se ha llevado a cabo un “buen desempeño fiscal”.
“Pero esto se contradice con los montos de deuda, de relación deuda-participaciones federales, de alta generación económica interna, pero con alto nivel de deuda pública. Cuando usted dice que es un ‘buen desempeño’ fiscal, ¿a qué se refiere? (…) Cuando el estado está haciendo agua en materia fiscal, entre sus ingresos y sus egresos”, cuestionó el panista.
Guillermo Molina contestó que cuando se habla de un “buen desempeño fiscal” se refiere a que se han incrementado los ingresos tributarios, vía simplificar lo administrativo; no se gravó a los mismos contribuyentes, sino que se aprovechó el crecimiento poblacional de Quintana Roo, además de incrementar los ingresos propios a través de gestiones y las participaciones y las aportaciones.
Dijo que la deuda se debió a las limitaciones fiscales sufridas en años anteriores y criticó la forma en cómo se calcula la deuda per cápita, pues dijo que con la llegada de turistas ésta disminuiría, lo que podría ser una ayuda para conseguir participaciones federales.
El también panista, Fernando Zelaya, señaló que esta comparecencia se lleva a cabo es porque miles de quintanarroenses quieren saber por qué el estado es líder en deuda per cápita del país, por ello dijo que será minuciosa la revisión, la cual apenas inició con dicha sesión.
Después le recriminó a Juan Pablo Guillermo sus respuestas, pues si bien en algunas contestó claramente, para otros cuestionamientos el responsable financiero del estado sólo dio vueltas al asunto.
Recordó que Guillermo dijo que había justificado la crisis económica del estado porque así recibieron el gobierno, que redujeron el déficit de operación, al pasar de 5 mil millones a mil 500 millones de pesos.
“Esto es (la crisis financiera) por un mal gobierno de 12 años que se tuvieron en Quintana Roo y que, bueno, a usted le tocó la parte de los números, de la planeación”, comentó.
Dijo que a pesar de los números, la realidad de carencias es común en la entidad y que incluso hay obras públicas detenidas, debido a la fragilidad financiera del estado, lo cual fue negado por Guillermo.
“Señor secretario, déjeme decirle que los números no mienten, los podemos maquillar, pero el día de hoy, el que seamos la segunda entidad más endeudada del país, la verdad señor secretario, creo que no nos salen las cuentas”.
Zelaya retomó las deudas en fideicomisos, como los 14 millones de pesos que se deben en becas o los 39 millones de fideicomiso a Solidaridad.
“Es la parte que no está cuadrando, porque por una parte se dice que está muy bien, que se redujo el déficit y todo, pero por otra parte empiezan a salir a cuenta gotas deudas y deudas y deudas”.
Zelaya fue duro con Juan Pablo Guillermo, a quien acusó de incumplir con sus obligaciones, ya que dijo que el secretario financiero, así como su obligación de explicar las razones de la crisis financiera, que comprometen el futuro de la entidad, por lo que esta comparecencia le dio la oportunidad invaluable de poner frente a la opinión pública las razones por las que incumplió con el cargo del puesto que ostenta.
Deuda pública
La primera pregunta se la sesión la hizo el diputado del PES, Carlos Mario Villanueva, quien cuestionó al secretario de Finanzas estatal, Juan Pablo Guillermo Molina, sobre cuánto es el monto real a corto y largo plazo, así como a proveedores.
“No existen deudas de corto plazo bancarias del gobierno del estado, o sea, la respuesta es cero. Y el saldo de la deuda pública a largo plazo al día de hoy es de 19 mil 197 millones de pesos. Tenemos un acumulado al segundo semestre de 2016 de proveedores de 574 millones de pesos. Quiero recalcar que derivado de los contratos y convenios que tenemos con las instituciones bancarias, nos obligan a publicar mes a mes o con informes trimestrales el saldo de éstas, que se encuentran también en los estados financieros dentro de la página de internet, donde toda la ciudadanía puede consultar los movimientos que registra el gobierno del estado en materia financiera”.
Dijo que esta información también da cuenta de la amortización de la deuda, que se da cada mes, así como de los pasivos existentes en el gobierno estatal.
“La deuda pública del estado se ha manejado siempre con esa apertura, no sólo porque lo obliga la ley o porque lo disponen las normas mexicanas, sino porque también existen obligaciones financieras con los bancos, que son también los que auditan, verifican y comprueban que el gobierno del estado cumpla con esas obligaciones establecidas en los propios contratos bancarios”.
Por su parte, Fernando Zelaya pidió al funcionario que explicara porque en cinco años de gobierno las obligaciones financieras del estado prácticamente se duplicaron, al pasar de 13 mil millones de pesos en junio de 2011, a los 19 mil 197 millones de pesos, más la deuda a corto plazo.
Dijo que es “evidente que no existen programas u obras que justifiquen el endeudamiento. La pobreza no ha disminuido, al contrario, hoy existen 100 mil pobres más en el estado; las condiciones salariales de los quintanarroenses tampoco han mejorado”.
También dijo que Quintana Roo está a nada de ser boletinado para dejar de percibir ingresos federales.
“Entonces, secretario, ¿para qué se endeudó el estado, a qué se destinaron los casi 20 mil millones que acaba usted de comentar?”
Juan Pablo Guillermo negó que la deuda pública haya estado oculta y que ésta ha sido respaldada tanto por decretos y contratos, como por las Legislaturas anteriores, y que pedir prestado era una salida del gobierno para responder al rápido crecimiento de la entidad.
“El uso del crédito obedece, principalmente, al crecimiento vertiginoso que tiene nuestra entidad y que requiere de cobertura de servicios públicos. También obedece a distintos funcionamientos, como en el sector educativo, en el que las autoridades estatales deben negociar con los profesores, y en el que el gobierno federal no alcanzaba a cubrir todo lo necesario, por lo que los estados comenzaron a endeudarse para ello”.
Señaló que en el 2013 se realizó una reingeniería para garantizar la estabilidad financiera de la entidad a mediano y largo plazo, además de reducir el déficit de operación heredado de la administración de Félix González Canto, con lo cual el gobierno estatal aumentó sus “capacidades de gestión”.
Dijo que esto contradice lo asegurado por Zelaya, ya que en el último año el gobierno estatal “bajó” 800 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en pavimentación, en domos; 400 millones del Fonden para rehabilitar vialidades en varios puntos del estado.
Acusó que el manejo del tema de la deuda pública del gobierno estatal por parte de los medios de comunicación se debe a razones políticas, sin ahondar en cuestiones técnicas.
Se prevé que para Quintana Roo se prevé un alza del 7 por ciento de sus participaciones “esto es casi 800 millones de pesos más que los actuales, esto debido a la reestructura de deuda
“Por eso no considero correcta la afirmación de que está comprometido esto (las participaciones federales)”
Guillermo Molina dijo que las deudas sirvieron para cubrir necesidades urgentes del gobierno del estado”.
El secretario de Finanzas estatal se comprometió entregarle a Emiliano Ramos como presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, un informe de las finanzas públicas, así como un desglose de cada uno de los créditos, con contratos y decretos que avalan dichos empréstitos.
Aseguró que el gobierno estatal cuenta con 625 millones de pesos en fondos de reserva, provenientes de la deuda pública.
Además, agregó, el gasto programable específico asciende a más de 111 mil millones de pesos, dato que corrigió luego de revisar las sumas y haber anunciado 11 mil millones de pesos.
Nómina y homologación
El secretario de Finanzas del gobierno estatal, Juan Pablo Guillermo, aseguró que la nómina está asegurada, que ya se pagó la quincena que está corriendo y que se tiene dinero para que el sucesor del gobernador Roberto Borge, Carlos Joaquín González, pague la siguiente.
“Había unas diferencias ahí en cuanto a la centralización de la nómina, pero la nómina estatal es de alrededor de 400 millones de peso al mes, con todas las prestaciones. Ya está pagada la última quincena y garantizada la otra”.
Asimismo, dijo que hay 220 millones de pesos para aguinaldo de los trabajadores estatales.
Un punto que s ele ha cuestionado a los priistas son los efectos de la homologación del IVA aprobada en la Cámara de Diputados federal y que votaron los diputados del PRI a favor de ella, por lo que el diputado Martínez Arcila preguntó a Juan Pablo Guillermo qué impacto tuvo dicha medida y si el estado recibió alguna contraprestación por ella.
“En el tema del IVA, se creó un Fondo Frontera, que es de Sedesol, no le tocó administrar al estado, de más de 200 millones de pesos, principalmente para la frontera sur del estado pero que fue a través de Sedesol”, explicó el funcionario.
Por su parte, el priista Raymundo King, quien avaló dicha homologación cuando fue diputado federal, negó que haya un impacto con la homologación del IVA, incluso dijo que los únicos beneficiarios del anterior régimen del 11 por ciento -ahora es del 16 por ciento- fueron los intermediarios de los productos.
Segunda ronda sabrosa
La segunda ronda de preguntas al secretario de Finanzas estatal, Juan Pablo Guillermo, fue la más acalorada de las tres, pues se llevó a cabo entre interrupciones y acusaciones legaloides por parte del Partido Verde.
El diputado José Esquivel preguntó qué hizo el gobierno estatal con los mil millones de pesos otorgados por la empresa Aguakan para obtener la concesión del servicio de distribución de agua.
A ello, Juan Pablo Guillermo explicó que el dinero entró a las arcas del estado como “aprovechamientos directos”, los cuales están reflejadas en la cuenta pública y se utilizaron como cubrir varios pasivos.
Otro tema que tocó Esquivel, fue qué pasó con la empresa Hidroponia Maya, a lo que el funcionario dijo que lo que se enajenaron fueron los terrenos para poder entregarlos a “alguien con mayor capacidad que el estado y creo que fue una decisión correcta”.Y agregó: “Hoy tiene más de 700 empleados bajo la iniciativa privada, que cuentan con mejores salarios que los que proveía el gobierno del estado”.
Detalló que la empresa Hidroponia Maya fue recibida por esta administración, cuyo objetivo era proporcionar empleos. Dijo que aún está en proceso de liquidación y que cuando lo recibieron tenía 40 empleados.
-¿Sabe cuánto ganan los empleados de Hidroponia a la quincena, señor secretario?- le cuestionó el diputado Esquivel.
-No, no sé.
-Ganan 750 pesos a la semana – respondió Esquivel, lo cual no turbó al secretario, quien seguía presumiendo las ventajas de la privatización de dicha empresa, que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto.
“Entonces, sí se crearon empleos nuevos en Hidroponia y Carrillo Puerto”, aseguró el funcionario.
-¿Pero en cuánto se vendió?- volvió a cuestionar el representante de la zona maya en el Congreso estatal.
-Los terrenos se vendieron en 52 millones de pesos.
-¿Y quién lo compró?
-Grupo Palace, están ingresados en la cuenta pública y depositados en caja.
-¿Chica o grande?- cuestiona Esquivel, a lo que sólo el secretario de Finanzas estatal sonrió.
Para dar los datos de cuánto se invirtió en salud, solicitados por Esquivel, Juan Pablo Guillermo se tardó un poco. Ni él ni una asistente encontraban las cifras solicitadas.
Esquivel aprovechó la pausa para decir que algunos de los logros, como el número de afiliados al IMSS, no son del gobierno, sino de la iniciativa privada, luego de que previamente Guillermo había dicho que Quintana Roo es el número uno en afiliación reportada al IMSS: el 88 por ciento de los empleos son formales y permanente y tiene un crecimiento del 10.9 por ciento.
-¡Ah!, sí, secretario, y saber cuánto dinero se dispuso para promoción turística- machacó Esquivel.
-El presupuesto 2016: Benito Juárez 192, Solidaridad 169 y Othón P. Blanco 8.8- respondió molesto y de manera veloz.
-¿De qué es eso, secretario?
-De los fideicomisos de promoción turística- contestó en el mismo tono.
-“Y en el gasto programable de salud 2015 es de 3 mil 207 millones de pesos. Tenemos un acumulado en salud de casi 3 mil millones de pesos en infraestructura, en vehículos y demás. Cuatro mil 165 millones de pesos- corrigió el responsable de las finanzas del estado.
Una vez más, el diputado del Partido Verde, José de la Peña, volvió a usar sus artimañas legaloides para descalificar la sesión. Citó lo estipulado por el artículo 66 de la Constitución de Quintana Roo, que indica que la Legislatura podrá solicitar información por escrito información al gobernador y su gabinete, la cual deberá ser respondida en no más de 15 días naturales, por lo que le preguntó a Guillermo si había recibido antes de su comparecencia alguna solicitud de información por escrito.
El titular de la secretaría de Finanzas respondió que había sido requerido por oficio, luego de la aprobación de un punto de acuerdo.
“Esto es importante dejar establecido, de que una dependencia tan grande, como lo es Hacienda y que maneja varios números, difícilmente el secretario va a poder llegar con toda la información a una comparecencia”, dijo De la Peña.
Pidió a los miembros de la comisión den hacienda a documentarse con la información disponible en los informes y que sólo se quiere exhibir al funcionario.
Pero el panista Eduardo Martínez contestó a De la Peña con lo estipulado por el art 28 de la Ley Orgánica del Estado, que establece que los titulares de la administración pública del estado deberán ampliar y precisar en sus respectivos ramos el informe que rinda el gobernador ante la Legislatura estatal, bajo el procedimiento determinado por los diputados
“Es decir, estamos en una ampliación de lo que el 5º Informe de Gobierno dice y el secretario que está con nosotros es el de hacienda, y se le están haciendo preguntas de su ramo, bajo algo que acordó esta legislatura en el pleno y que está comisión de hacienda determinó antes de iniciar, por lo que estamos actuando de acuerdo a la ley. Non hay nada de verídico con que tenemos que pedir con 15 días de anticipación su informe, el informe ya está”.
Por su parte, el priista Raymundo King celebró las respuestas de Juan Pablo Guillermo y dijo que había algunos diputados con actitud “beligerante”.
“Espero que cuando aprendan a ser gobierno, a partir del 25 de septiembre, tengan la misma actitud para que nosotros podamos cuestionar en el momento en que se esté dando la siguiente comparecencia”.
Dijo que los diputados son los que han exhibido por su falta de conocimiento en cuestiones de administración pública.
Ante ello, el diputado perredista Emiliano Ramos contestó a los señalamientos de De la Peña y King diciendo que ningún diputado puede ser reconvenido por su opinión y reiteró que Juan Pablo Guillermo ha sido tratado con respeto. Raymundo King intentó alegar, pero fue silenciado así “Disculpe, diputado, ya lo escuchamos”.
Resaltó que las preguntas han sido concretas y que el funcionario ha respondido con toda libertad y dijo que por ello dicha sesión se transmitió en vivo a través de internet, para acabar con las sesiones a puerta cerrada y dar transparencia al legislativo.
respecto a la comparecencia del secretario de Hacienda Juan Guillén es el quien en complicidad con todos los demás funcionarios y diputados de la anterior legislatura son responsables de la debacle financiera ocacionanada por el Gobierno de Roberto borje angulo