Enrique HuertaPor Enrique Huerta
El abogado Luis Javier Navarrete Ortiz está convencido de la inocencia de su defendido, Baltazar Barzón Yam, curandero maya de 65 años que ha permanecido el último lustro de su vida encarcelado en la prisión del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en un proceso que aún continúa, acusado de presunta violación a una menor.
En su alegato, presentado al juez Abraham Alberto Loeza Ortiz el 18 de mayo pasado, el abogado señaló que el Ministerio Público no ha comprobado fehacientemente la culpabilidad de Barzón Yam, pues carece de evidencia para acusar a su defendido.
Criticó que el Ministerio Público no hizo un “razonamiento lógico jurídico convincente”, pues no logró establecer el “cómo”, cuándo”, “dónde” y el “por qué” de su acusación contra este anciano maya.
Dijo que las conclusiones acusatorias del agente del Ministerio Público no cumplen con los requisitos de unas conclusiones acusatorias, como los establecen los artículos 21 y 102 constitucionales, además de los artículos 40, 71 y 100 del Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo.
Señaló que durante este proceso, a Barzón Yam no se le respetó el término de presunción de inocencia, aplicable en México por los tratados internacionales.
Al no haber las suficientes pruebas e irregularidades en el proceso, Javier Navarrete solicitó al juzgador que declare inocente a Baltazar Barzón Yam.
Fallas sospechosas
El abogado Javier Navarrete refirió que en su alegato enumeró las múltiples fallas en el debido proceso, que van desde desaparición de pruebas técnicas, hasta falta de investigación por parte de las autoridades.
“Se destruyó y/o desapareció las tomas del exudado vaginal con isotopos estériles, las cuales fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, para su envío al químico forense y éste determinaría la presencia de espermatozoides y fosfática ácida, la cual nunca se recibió respuesta por parte del químico, ya que nunca aparecieron las muestras”.
Navarrete relató que el ginecólogo Alberto Morales Vega tomó una muestra del exudado vaginal, aunque no fotografió el proceso, así como tampoco realizó una “adecuada cadena de custodia”, con lo cual “se perdieron” los resultados de dichas pruebas. Tampoco se realizó la prueba reina en este tipo de delitos: el estudio de ADN.
De hecho, la menor tampoco presentó huellas de los forcejeos y del sometimiento que indicó en sus declaraciones.
Tampoco el Ministerio Público pudo presentar el cuchillo con el que el presunto agresor intimidó a la menor, ni la ropa ensangrentada, referida por la presunta víctima en sus declaraciones.
Otra irregularidad hallada por Navarrete, es que la declaración de la denunciante, quien es la madre de la menor, se basa en “oídas”, por lo que no le consta que se haya cometido dicho delito, pues su versión es de los dichos contados por sus comadres y sus hijos. Esta declaración, asegura Navarrete, no fue debidamente investigada por el Ministerio Público.
Incluso, Barzón Yam alegó en su declaración que el origen de este proceso es que la declaración de la menor “fue producto del coraje de la mamá de la agraviada, por rencillas de vecinos”.
Además, indicó el abogado que Barzón Yam tiene dificultad para tener erecciones, debido a que está enfermo de la próstata.
Asimismo, refiere el abogado de Barzón Yam, la presunta menor agraviada no contó con la asistencia de un perito en psicología para que asista a la menor –de 11 años de edad– en sus declaraciones, las cuales también no son de fiar.
“Es inverosímil que una menor de esa edad pueda hacer una imputación de estas magnitudes y sobre todo declarando que fue penetrada en diferentes ocasiones y que nadie se diera cuenta del hecho”.
Es más, al abogado le llama la atención ciertos detalles de la declaración de la presunta víctima, como que no recuerda las fechas exactas, pero sí lo hace con nombres de personas, los detalles de los ataques y hasta cuánto tiempo duró la penetración.
Incluso, agregó Navarrete, la menor pudo haber sido aleccionada por alguien, ya que no declaró hasta el 11 de agosto de 2011, cuando los presuntos ataques ocurrieron en marzo.
Todas estas falencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Baltazar Barzón son coronadas con un hecho: no existe un informe de investigación por parte de la Policía Judicial del Estado, lo cual da a pensar que la averiguación previa se integró a modo, aseguró el abogado defensor Javier Navarrte.
