Pedro CanchéLuis Pérez Acha* (Animal Político). En un hecho inusitado en el país, los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo aprobaron sofisticados paquetes de reformas a las constituciones y leyes locales, con el propósito de blindar a los funcionarios salientes contra futuras acusaciones de corrupción y garantizar de ese modo su impunidad.
Este objetivo se ha alcanzado y a nada está de quedar consumado, en forma tal que si los gobernadores electos en ambos estados -Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín González- actuaran en contra de sus antecesores, afrontarían la improcedencia de los juicios tradicionales. De ahí la necesidad de idear mecanismos novedosos.
Me explico. De acuerdo con la Constitución Federal, la mejor vía para desactivar los blindajes anticorrupción de Veracruz y Quintana Roo es la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia [SCJN]. El plazo para presentarla es de 30 días siguientes a la entrada en vigor de la legislación respectiva.
El problema, sin embargo, es que la controversia sólo puede promoverse, en el caso concreto, por el ‘Poder Ejecutivo’ del estado, calidad que en principio sólo tienen los gobernadores en funciones y no los gobernadores electos como Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín González. Un punto adicional es que cuando estos asuman sus cargos, habrá transcurrido el plazo para actuar ante la SCJN. Como se ve, un entrampe procesal malicioso y casi perfecto.
No obstante, Carlos Joaquín González, en su calidad de gobernador electo, tomó la decisión de presentar una controversia constitucional en contra del paquete de impunidad de Quintana Roo. Es una demanda que escapa de la ortodoxia legal, pero la disyuntiva era clara: lo hacía de esa manera o aceptaba que la corrupción quedara sin castigo.
De ahí que se haya diseñado una estrategia innovadora, fundamentada en el hecho de que él, como ‘Poder Ejecutivo’ electo, ha sido empoderado por el resto de sus conciudadanos para ejercer diversas responsabilidades de gobierno, en particular la lucha contra la corrupción, y legitimado, por lo tanto, para presentar la controversia ante la SCJN.
Cierto que es un ‘Poder Ejecutivo’ electo, pero al final de cuentas un ‘Poder Ejecutivo’, que es la condición establecida por la Constitución Federal para promover las controversias. La circunstancia de que él coexista con otro gobernador en funciones no lo priva de esa calidad, pues esto es por la necesidad de un periodo de transición para la entrega-recepción de los asuntos pendientes de gobierno.
Como se ve, el tema es novedoso y retador. Será interesante ver qué resuelve la SCJN al respecto.
@LuisPerezdeAcha
