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Gobierno de QR desocupa oficinas tras no pagar renta más de dos años
Arrendadores señalan incumplimiento de acuerdos e injerencia del gobernador para retrasar juicio
Dejan la deuda a la siguiente administración; pagaría tentativamente el próximo mes.
Cancún, QR.
Alrededor de 200 burócratas fueron desalojados de la Dirección de Servicios Generales porque la administración que encabeza el gobernador Roberto Borge Angulo no ha pagado renta durante más de dos años. El adeudo, de acuerdo con los dueños del inmueble –quienes pidieron anonimato por temor a represalias–, es superior a un millón de pesos.
En mayo de 2014 el gobierno del estado dejó de pagar el alquiler del edificio ubicado en la esquina de las avenidas Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, en el centro de Chetumal.
A consecuencia se inició un juicio civil contra el gobierno del estado, el cual fue demorado en los juzgados por órdenes del gobernador, de acuerdo con los denunciantes, quienes en julio llegaron a un acuerdo por el cual se dieron a la Oficialía Mayor 15 días para desalojar el inmueble y pagar el adeudo.
El plazo venció el martes pasado, y el jueves, al acudir a verificar el cumplimiento, los propietarios del edificio constataron que el personal gubernamental sacaba enseres, computadoras, archivos y hasta equipos de aire acondicionado; sin embargo, del pago les dijeron que es un compromiso institucional y deberá ser pagado por el gobierno entrante, tentativamente a finales de septiembre.
En el edificio evacuado laboraban al menos 180 burócratas de cinco áreas: mantenimiento, áreas verdes, diseño, acción cívica y logística. Las cuatro primeras, junto con la dirección general, se cambiaron a una bodega sin servicios en la avenida Telecomunicaciones, entre las calles Érick Paolo y Maxuxac.
En cuanto al área de logística, trabajadores y representantes de los propietarios del inmueble denunciaron que el titular, Agustín Lara Souza, no se ha presentado desde hace más de dos años.
En sus nuevos edificios los burócratas carecen de energía eléctrica, teléfono, sanitarios e Internet, entre otros servicios. El gobierno estatal no ha dado su versión.
