CANCÚN (Expansión) –El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se comprometió a investigar con o sin ‘blindaje’, la gestión del actual mandatario Roberto Borge, así como las acciones de funcionarios estatales señalados de presuntos casos de corrupción y endeudamiento público.

«Con blindaje o sin blindaje, vamos a revisar lo que ha hecho la administración (de Borge) y el endeudamiento, y vamos a aplicar la ley. Quien sea culpable deberá pagar por ello, no es una situación de venganza sino de justicia», señaló este martes en conferencia de prensa.

“Habrá que trabajar en las diversas instituciones que tienen que ver con la atracción de estas inversiones como son el Registro Público de la Propiedad y la certeza que tiene que haber en la compraventa de esas tierras.

“Deben tener la certeza completa de la propiedad de esas tierras porque hoy ocurren cosas como estas que vienen a darle al traste a toda la promoción que hacemos en nuestro estado para seguir creciendo”, dijo al ser cuestionado sobre la investigación Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo, elaborada por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Joaquín agregó que devolver la certeza jurídica a la inversión nacional e internacional, también será fundamental durante su administración, para evitar que se repitan casos de despojos, e incluso destacó que así lo están demandando gobiernos extranjeros ante la situación en la localidad.

“Devolver la certeza jurídica a Quintana Roo es fundamental. La inversión turística es prioritaria para la generación de empleo y para generar ingresos es fundamental la inversión.

“Habrá que trabajar en las diversas instituciones que tienen que ver con la atracción de estas inversiones como son el Registro Público de la Propiedad y la certeza que tiene que haber en la compraventa de esas tierras”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, calificó como “contundente” el mensaje político y jurídico de la presidencia de la República, al interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación de los congresos para avalar el denominado “paquete de impunidad” de los estados de Veracruz y Quintana Roo.