Pedro CanchéLa oficina de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social para la Zona Norte del Estado,está ubicado en la Avenida Kabah luego de cruzar el Instituto Tegnológico.Es un edifico amarillo de tres plantas.Hay varios cubículos.4 filas de asientos con tapete color rojo carmesí contrasta con la pared blanca.Al final se encuentra el licenciado Enrique de la Cruz ,me dice un burócrata,que está revisando los retroactivos de la nómina.
Cancún.Por Pedro Canché*.Los rencores electorales en Quintana Roo llegaron a su clímax cuando el subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la Zona Norte del Estado,Enrique Alejandro de la Cruz Pineda golpeó en el rostro al segundo hijo del ex presidente Felipe Calderón,Luis Felipe Calderón Zavala,de apenas 17 años de edad en un evento en la Plaza de Toros en Cancún donde se presentaba el comediante,Ricardo O´Farril.
Cuatro testigos que prefirieron el anonimato indican que el funcionario del odiado gobernador Roberto Borge se acercó a donde estaba el adolecente con sus amigos y lo empujó y le golpeó en el rostro,aparentemente en estado de ebriedad al reconocerlo como hijo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa,cuyo partido en alianza con el PRD triunfaron recientemente en las elecciones con Carlos Joaquín el 5 de Junio y eso enfureció al funcionario.
Un amigo de la familia Calderón-Zavala indica que Margarita Zavala le llamó al presidente Enrique Peña Nieto para reclamarle por la actitud de los funcionarios de Borge. “¿cuando tú no seas presidente,te gustaría que te anden golpeando a tus hijos?”,le dijo y le pidió que frenara a Roberto Borge y sus funcionarios.
El gobernador Roberto Borge luego del incidente llamó a los amigos de Luis Felipe para cenar con ellos y que estaría presente el funcionario Enrique Alejandro de la Cruz Pineda para “aclarar malos entendidos”.Nos negamos. Claro que no. ¿Para que quería vernos Borge? Dijo uno de los muchachos que pidió guardar el anonimato.
Luis Felipe Calderón Zavala iba con sus amigos sin la presencia de personal del Estado Mayor.Su madre Margarita y su padre Felipe se volvieron visitantes asiduos de Cancún ahora que el PAN abanderó a Carlos Joaquín González junto con el PRD.En sus cierres de campaña estuvo Margarita Zavala y su segundo hijo se quedó en Cancún en casa de sus amigos sin escoltas.El puberto nacido en 1999 fue auxiliado por sus amigos.
Esto ocurrió el 17 de Junio reciente-hace 11 días cuando vino el comediante en la Plaza de Toros de Cancún.”Con un show lleno de energía, muchas risas y clientes satisfechos, Ricardo O’Farrill te invita a su show «Imbécil» el próximo Viernes 17 de Junio a las 08:00 p.m. en el recinto de la Plaza de Toros en la ciudad de Cancún, Quintana Roo”,fue la propaganda de Ricardo.
La oficina de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social para la Zona Norte del Estado,está ubicado en la Avenida Kabah luego de cruzar el Instituto Tegnológico.Es un edifico amarillo de tres plantas.Hay varios cubículos.4 filas de asientos con tapete roja contrasta con la pared blanca.Al final se encuentra el licenciado Enrique de la Cruz ,me dice un burócrata,que está revisando los retroactivos de la nómina.
Sale una asistente y me pregunta mis generales y que tema deseo tocar.Se lo preguntaré directamente al subsecretario-le dije.
Enseguida me mandan a su jefa de prensa quien me invita a pasar a su oficina.Pasa un escolta de Paul Carrillo,alcalde municipal y me saluda como si me conociera de siempre.Devuelvo el saludo.La jefa de prensa,una chica menudita se detiene cuando le digo que quiero hablar con su jefe de la golpiza que le dio al hijo del ex presidente Felipe Calderón.Me dice enseguida que se lo comunicaría a Enrique de la Cruz.Pasan 15 minutos,nada.30 tampoco. Luego de una hora me imagino que la puerta quedó sellada.De modo que me retiro.El funcionario sigue despachando.No ha sido removido por golpear a un adolecente.
¿ Quien es Enrique Alejandro de la Cruz Pineda?
Por recomendación de la amante de Roberto Borge,llega al gabinete de Roberto Borge Enrique de la Cruz.Gabriela Medrano lo recomienda de modo que el 7 de Agosto de 2012 el gobernador Roberto Borge Angulo designó a Enrique Alejandro de la Cruz Pineda nuevo subsecretario del Trabajo y Previsión Social para la zona Norte del Estado, en relevo de Pedro Reyes Pérez, quien, a su vez, fue nombrado asesor adscrito a la Secretaría General de Gobierno.
Enrique Alejandro de la Cruz Pineda ,de 34 años de edad ,es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de la Américas de Puebla. Su desarrollo profesional ha sido en la iniciativa privada.
—Para mi es un orgullo que el Gobernador me confíe esta encomienda, lo cumpliré cabalmente apegado a la normatividad administrativa que exige el cargo, y trabajaré en beneficio del pueblo de Quintana Roo —dijo en ese entonces. “ Cancunense de nacimiento, vivió junto con sus padres y amigos los huracanes «Gilberto» y «Wilma», en los que vivió momentos difíciles. Conoce las calles de la ciudad de sus amores y a sus habitantes. Abogado, sorteó su prueba de fuego en un caso difícil con un cliente interno del temido reclusorio Norte, en la Ciudad de México, y hoy es subsecretario del Trabajo y Previsión Social, desde donde recibe críticas constructivas y otras no tanto”,se lee en la siguiente liga
La revista Fusión subraya algo de Enrique de la Cruz Pineda.”ya sabía que esto pasaría por ocupar un cargo en el Gobierno del Estado. Sin embargo, puntualiza que tiene la conciencia tranquila. «Jamás haría algo que avergonzara a mis papás, a mi hermano y a mi novia. Ellos me han sabido inculcar valores como la honestidad y quiero que, cuando tenga hijos, puedan caminar tranquilamente sin que nadie les diga que hice algo indebido».
Fabricante de laudos falsos para despojar terrenos y propiedades
Ahora no puede caminar tranquilamente.Todo Quintana Roo sabe que la corrupción borgista anidó ahí en la oficina de la avenida Kabáh de Cancún.
Lydia Cacho publicó lo siguiente de Enrique de la Cruz en el Portal de Noticias de Carmen Aristegui: “El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no– ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento.
El mandatario estatal, de acuerdo a las versiones de un grupo de personas que trabajó con los operadores en el despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna “Nopalitos” en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social, con el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda (foto de abajo), para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y así despojar a particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.
De acuerdo al contador, un ex trabajador de la dependencia, De la Cruz Pineda propuso a Borge aprovechar los remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador. Según el contador se contrata gente para indagar la situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de desarrollo. Una vez ubicados los inmuebles, se fabrican “empleados”, que demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y hoteles.
En una casa de dos pisos, color salmón, sin número en la calle 3 Durazno, casi esquina con Avenida Náder en el centro de Cancún, encontramos las oficinas de Luis López, originario de Monterrey y supuesto operador de los despojos vía juicios laborales.
En las afueras de las oficinas nos encontramos con “el contador”, quien laboró durante casi un año bajo el mando de López, hasta que, según su propia versión, se dio cuenta de que lo que hacían era una operación ilegal de despojo, ordenada por el gobernador Roberto Borge y por un grupo de socios del mismo
“Cuando tú como empleado vas a la Junta y demandas al patrón, cuando ya pasaron años y hay sueldos caídos y al final la sentencia es favorable para el trabajador, la Junta verifica las propiedades del patrón, se gravan y se embargan. Se llama embargo precautorio. Si el patrón tiene el dinero, le paga al trabajador; en su defecto, se vende en una subasta ese bien y el dinero se entrega al trabajador”. Dice el contador. “Ese es el procedimiento legal. Pero De la Cruz le propuso (al gobernador) investigar la situación de los predios; el “gober” le dio el visto bueno (…) fabrican empleados, fabrican empresas, fabrican todo”, explica.
“Cuando lo nombran gobernador, comienza a llamar a todos sus amigos; todos los que puso, si te fijas, son chavos; son sus cuates. Su gran amiguísimo es Enrique de la Cruz. El de la idea original de empezar a adjudicarse todos los terrenos y propiedades por medio de la Junta, fue Enrique de la Cruz (…) pero el cerebro es Luis López Naranjo (foto de abajo), egresado del TEC de Monterrey, que estudió con Beto Borge.
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“Por medio de la Junta se ha hecho de muchísimos terrenos; uno de ellos en Punta Venado”, narra el contador.
Punta Venado está dentro del municipio de Tulum; el presidente Enrique Peña Nieto denominó novena decisión prioritaria de su sexenio el Tren Transpeninsular con una inversión e 20,000 millones de pesos. En enero 2015 se canceló el proyecto por recortes presupuestales, pero el gobierno federal pagó 1,343 millones de pesos a la empresa AdHoc Consultores, propiedad de Aarón Dychter Poltolarek por los estudios sobre Tulum.
“Todo lo empezaron a hacer por medio de la Junta. Primero por un terreno, que no recuerdo dónde [se ubica], pero fue en un día inhábil. Había días en que no se trabajaba, sólo se quedaban las personas que tenían que hacer ‘las cosas’. Ellos hacían los juicios. Trabajan principalmente con Alexis”, prosigue el contador para referirse a Alexis Zavala Ávila, quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje II, en Cancún.
“Yo estuve presente cuando orquestaron la fabricación del juicio laboral JECA/PC/1164/2011. Lo fabricaron escondiendo todo de los verdaderos dueños de los negocios turísticos Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos Ceibas”, recuerda.
La fuente muestra los documentos de lo que se denominó el megadesalojo del 23 de mayo del 2014.
“El supuesto empleado, que es cualquier hombre al que contratan de fuera para suplantar, por ejemplo un jefe de meseros, o un gerente, no demanda al verdadero posesionario del predio ejidal, sino que asegura falsamente que su patrón era Carlos Amador Treviño Lozano (hombre con sombrero en foto de abajo). Entonces los de la Junta de Conciliación nunca citan al verdadero dueño para preguntar si ese sujeto trabajaba con ellos, sino, supuestamente, citan a Amador Treviño, que o nunca se presenta o si va, acepta que efectivamente les quedó a deber sueldos caídos. Pierde el caso y sin previo aviso a los verdaderos posesionarios, llega la gente de López, de Enrique de la Cruz, acompañados de algún notario y con cientos de policías, se apropian de las tierras, dicen que están en litigio y rápidamente la ‘venden’ a un prestanombres”.
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En la imagen, Carlos Amador (de sombrero) junto con policías. (Foto: Héctor Valdéz Hernández/Tulum en Red)
El testigo, que teme por su integridad física desde que se atrevió a hablar de esta operación, asegura que estas transacciones, de las que hay evidencia, se repiten sistemáticamente, que han despojado a hoteleros extranjeros, a empresarios mexicanos de dinero y a ejidatarios que no tienen dinero pero sí su tierra. A todos, según la fuente, les une un punto en común: temen la ira y venganza del gobernador y socios empresarios. Sus testimonios coinciden con los de tres arrendatarias argentinas que rentaban parcelas ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques, escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos en los que invirtieron todo su capital y que la policía les robó.
A fines de 2012, Carlos Amador Treviño Lozano acudió a la unidad VIII del Ministerio Público de Tulum y sin pruebas aseguró que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban le amenazaron. La “investigación” procedió bajo total secrecía y el 19 de julio 2013, la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policíacas con 200 elementos de la policía judicial de Quintana Roo portando armas largas. Despojaron a los propietarios de 14 hoteles. La policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad, los huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía estatal; se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran las imágenes captadas en el ataque policíaco, a pesar de ello existen videos que muestran el despojo violento.
La gente salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se instaló un grupo de policías del estado y un centenar de trabajadores de una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados, a resguardar las propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Cuarenta turistas interpusieron denuncias ante la PGJ por robo de posesiones personales y por haberles sacado a golpes de los hoteles. Ninguna procedió.
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El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum.
Dos supuestos trabajadores (que nunca laboraron ni vivieron en Tulum), los supuestos trabajadores de llaman Omar Homero Tijerina Herrera y Samuel Aguilar ibarra, cuyos nombres aparecen en el exhorto Playa NUM:40/2013 ganaron un juicio laboral de forma expedita.
La fuerza pública desalojó a trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje dio orden al jefe de la policía municipal de que detuviera a cualquier reportero que estuviera tomando fotografías. Los fotorreporteros fueron advertidos. Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el gobernador no surtieron efecto alguno. El despojo hecho bajo el juicio laboral expedito número 138/2912 fue rebatido en tribunales por los ejidatarios.
El amparo frente al juicio laboral interpuesto por el equipo de Treviño y López fue ganado con el número de expediente 138/2912, las autoridades locales se niegan a ejecutar la devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos oficiales para sustentar su presencia.
Ya organizaciones ambientalistas como GEMA y CEMDA, así como el INAH, junto con buzos y espeleólogos, han denunciado públicamente las pretensiones de empresas y políticos para destruir casi diez mil hectáreas de selvas y manglares a fin de crear un proyecto hotelero de alto impacto.
Tulum, que pertenecía a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008 debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados por el ex gobernador Félix González Canto (actualmente presidente del PRI en Nuevo León).
En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el nuevo Plan de Desarrollo y ordenó que se protejan las zonas naturales y sitios arqueológicos. Fue entonces que González y su sucesor movieron los planes hacia la zona sur, en donde se encuentra el Ejido Pino Suárez; el Parque Nacional Tulum y una parte de la Biósfera de Sian Ka´an serían zonas afectadas por esta inmobiliaria.
El estudio denominado Turismo, Áreas Naturales Protegidas y Apropiación Territorial: el caso del Parque Nacional Tulum elaborado por el investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, señala que “la Corte determinó que es facultad exclusiva de la Federación regular y proteger los Parques Nacionales, y que por lo pronto contuvo la embestida de particulares y funcionarios interesados en disponer de este espacio, para la urbanización y los grandes negocios.
No obstante, este es sólo un capítulo más de las perennes confrontaciones, donde autoridades federales, ambientalistas y grupos sociales tratan de contener la presión intensa de particulares, empresarios y autoridades locales que intentan privatizar y construir en Áreas Naturales Protegidas y que entrarán en acción cuando convoquen nuevamente a la actualización de un esperado PDDU para dar orden al crecimiento de la ciudad.
Lo cierto es que las construcciones siguen avanzando; la evidencia física y fotográfica es irrefutable. La violencia se ha incrementado en la medida en que empresarios y políticos están vendiendo por internet tierras que no les pertenecen con el proyecto Maya Zamá I y II.
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Entrevista con abogada ejidal
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*Entrevista con la abogada Marcela Gómez y plano del Ejido Pino Suárez.
Un testigo presencial
El señor R.T, abogado de Quintana Roo desde hace treinta años, y quien trabajó muy cerca del gobernador Hendricks y era un hombre cercano del abogado asesinado descrito al inicio, narra la historia de ilícitos gubernamentales para expropiaciones y despojos ejidales desde tiempos del gobernador Mario Villanueva hasta la fecha.
Respecto a Tulum se le preguntó a R.T. si tiene conocimiento de quién dio la orden del asesinato del abogado López Joers: “Yo no se si él (el gobernador Borge) dio la orden (de asesinarlo), pero fue el equipo”. Se le pregunta quién es el equipo: “Todos los que están metidos en el despojo de tierras. […] Los que se encargan de sacarte de tus terrenos son la policía municipal, ya ni siquiera se toman el trabajo de contratar villanos para irte a sacar”.
R.T., que ha testificado en los juicios de despojo, narra que hay dos tipos de invasión: la elegante y la callejera.
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Para explicar el despojo “elegante” recurre a un juicio laboral como ejemplo: “[Se] inventan un empleado que trabajó contigo y cuando te das cuenta, en cuestión de tres meses el juicio ya está sentenciado. Ya quisiera cualquier empleado del país lograr una sentencia laboral tan rápida… ah, y ejecutada y que al día siguiente la puedas vender (la tierra) porque ni siquiera entran a remate los predios. Al día siguiente ya tienen las escrituras y luego vas a preguntar por el juicio a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no aparece. Obviamente el director de la junta está coludido. Por ser estatal tiene que haber una orden del gobernador. Y los mismo es con los penales, con los laborales, con los mercantiles, con todos tipos de juicio han quitado diferentes hoteles, sacando a los turistas. Todos los periódicos (locales) lo sacaron en su momento”.
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Siete mujeres y cinco hombres habitantes de Tulum que fueron despojados de sus tierras y solicitan que sus nombres no sean revelados por temor a las represalias, aseguran que detrás de la operación para robarles sus tierras ejidales está la aprobación del gobernador Roberto Borge Angulo.
La señora Blanca Pech, cuyos dos hijos fueron amenazados por la policía municipal que incautó sus terrenos sin aval judicial, vigila constantemente su tierra y describe lo que ha denunciado ante la Procuraduría de Justicia: “Hay tres policías cuidando mi terreno, todos están armados, antes usaban el uniforme de la policía de Tulum, ahora tienen uniformes negros como los de la (policía) judicial. Estuve vigilando y detecté quién les paga a los que me impiden regresar a mi predio: cada viernes viene un abogado en una camioneta roja, se llama Gilberto Díaz”.
Las mujeres, al igual que el resto de los 120 ejidatarios de la zona, han entablado denuncias penales sobre el despojo, han ganado juicios en el Tribunal Agrario, pero a pesar de ello la policía sigue resguardando los predios.
Pablo, originario de Tenosique Tabasco, habitante de Tulum desde hace treinta y cinco años, explica: “El gobernador Borge viene a cada rato, lo vemos llegar con sus escoltas. Se hospeda en el nuevo hotel Copal que construyeron sus amigos en tiempo record y sin permisos para destruir la duna y el manglar. Allí se queda Borge los fines de semana y hacen fiestas; ponen a los policías municipales a limpiar la playa. Una vez los hoteleros, que son eco-amigables de bajo impacto, se quejaron por el escándalo de las fiestas; la policía vino y nos dijo que no nos quejáramos porque era la fiesta del gobernador
Como en otras zonas ejidales del país, los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte, actos extrajudiciales y ecocidios.
El abogado Edgar Mauricio Pumaro de la Cruz representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo. Miembros de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez aseguran que Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que en mayo del 2014 se presentaron en sus oficinas siete hombres que viajaban en autos con placas de Nuevo León. Estaban armados y le exigieron que se retirara de la defensa legal.
La señora Columba Archundia asegura que en ningún despojo ha habido orden judicial. “Los policías llegan armados a sacarnos como si fuéramos ladronas, traen una carta simple que dice que están asegurando el predio por un juicio laboral”, cuenta. “Conmigo entró la policía judicial. Traían armas largas, detrás venían cuatro encapuchados con armas de alto poder. ¿Y me va usted a decir que eso pasa sin conocimiento del gobernador? ¡Si salieron las fotos en el periódico! Todas nuestras denuncias penales han desaparecido de la Procuraduría del estado. Cuando nos expulsaron de nuestras casas y negocios, Chabela, de la junta ejidal, le llamó al jefe de la policía de Tulum para pedir que vinieran en nuestra ayuda, porque tenemos todos los papeles para demostrar que estos terrenos son nuestros”.
Chabela confirma: “Sí, yo le hablé al jefe de la policía y me dijo: ‘No la puedo atender porque esta orden viene desde arriba’”.
Policía custodia predios costeros
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En plena playa, un oficial de la Policía Municipal de Tulum –armado con pistola y rifle– se ostenta como guardián de terrenos costeros. Se le pregunta la razón por la que un elemento de Seguridad Pública cuide predios.
“¿Cómo que por qué la policía? Porque hay un oficio del Ministerio Público que nos giraron para custodiar predios que invadieron (sic) gente ajena”, explica y pide la presencia de un notario para que se nos permita el ingreso a la playa. Durante la conversación, el oficial, que no porta una sola identificación, es videograbado e intenta sacar el arma y arrebatar la cámara al fotorreportero. El agente asegura que la Constitución prohíbe que se le tomen fotos a la policía.
Cuestionado sobre la identidad de quienes –dice– invadieron los terrenos que cuida, responde que la desconoce. Al escuchar que existen versiones de que quienes han invadido los terrenos son gente del gobernador, el oficial se ríe y exclama: “No, ¿qué pasó? O’ra sí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada más los predios, que no haya gente ajena”.
El policía explica su presencia como custodio por instrucciones del director de Seguridad Pública, Luis German Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio Público, que no exhibe. “Yo nada más obedezco órdenes”. Esta reportera intentó entrevistar al director de la policía municipal, Luis German Sánchez, quien declinó hablar del asunto con la prensa.
En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la zona norte los cuatro ministerios públicos adscritos aseguran que, hasta donde ellos saben, no existen órdenes judiciales para la custodia de predios por parte de la policía. “Esos son asuntos entre civiles” –asegura el ministerio público–, la policía no tiene por que intervenir”.
Ante la solicitud de una entrevista grabada, los agentes aseguran que las órdenes del gobernador son que nadie hable con la prensa, “porque se está aprobando una nueva ley para regular la libertad de expresión”.
En una visita a los predios invadidos por la gente de Treviño Lozano -el representante legal originario de Monterrey-, pudimos contar a 150 personas vigilando los terrenos, desde miradores construidos con madera. Todos están armados y portan walkie talkies. Además, hay 70 guardias privados vestidos de negro y también armados con pistolas 9 milímetros; ellos pertenecen a una supuesta agencia de seguridad, propiedad de Rafael Zozil Rodríguez, alias “El dóber”. No se encuentran registros oficiales de dicha agencia. Zozil ha sido acusado por las autoridades y señalado de pertenecer al cártel de Sinaloa en la Riviera Maya. Al aproximarnos para preguntar a los hombres si trabajan para Zozil Rodríguez, estos respondieron escuetamente: “mejor no pregunte y chínguele”.
Doña Chabela, ejidataria de Tulum desde 1970, narra frente a otras mujeres de la Junta Ejidal cómo se han vivido los desalojos. “Cuando a nuestras familias les entregaron las tierras ejidales estábamos en la plena selva, con puro manglar, lleno de moscos y alimañas. Allí comenzamos a construir unas cabañitas, hicimos pozos y un camino de terracería para entrar en el poblado. Pero nada más se dieron cuenta de que en el decreto presidencial dice que a todos los ejidatarios nos corresponde el acceso al Caribe, comenzaron a hostigarnos”.
“Hace 22 años empezaron a pelear nuestras tierras. Nos quedábamos a dormir en tiendas de campaña en la playa, para que no nos invadieran de noche”, interviene entonces Columba, otra ejidataria que llegó de Tabasco hace treinta años. “Los invasores se metían a los terrenos y quemaban las palapas en las que vivíamos, no les importaba que tuviéramos nuestra ropa y papeles allí. Desde ese entonces era la gente de Santiago Pizano, contratado para robarse las tierras y pagado por políticos corruptos. Nos amenazaban con matarnos, pero nosotras no nos dejamos, lo hemos peleado solas”.
Tanto doña Chabela como Columba aseguran que hay al menos 120 ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras frente a las autoridades. “Aquí no hay unión de la gente” –dice Columba–. “En Atenco la gente salió a defender sus tierras, aquí todos tienen miedo de que el gobernador los mande matar como al abogado López Joers”.
Doña Anita admite tener miedo: “Todos tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan como a los hijos de don Andrés, que se enfrentó a la policía. A sus dos hijos, que cuidaban las cabañitas que rentaban a turistas; primero se metieron para simular un robo, ellos se defendieron y denunciaron. El Ministerio Público les dijo que mejor vendieran sus tierras y se fueran, que la denuncia no iba a prosperar. Ellos hablaron con un reportero de Por esto! Para decirle los nombres de la gente del gobernador Borge que les había dicho que les iba a dar un millón de pesos por sus dos hectáreas y que se fueran si no querían morirse ahogados. Luego los muchachos desaparecieron. Su papá los sigue buscando y un policía de Tulum le dijo a don Andrés: ‘Si quiere encontrar a sus hijos búsquelos en el mar’. Andrés se fue a Tabasco, por miedo a que le desaparezcan a su hija que le sobra”.
Vía telefónica, preguntamos a don Andrés quién desapareció a sus hijos: “Pues quién va a ser, la policía estatal”.
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Advertencias
El año 2007, el diputado Mario Rivero (PAN), aseguró que el ex gobernador Joaquín Hendricks, en acuerdo con su sucesor Félix González, planeaba apoderarse de Tulum y aliarse con empresarios del norte para venderlo.
En 2008, el gobernador González Canto vendió los terrenos destinados para la Universidad Pesquera a los desarrolladores del megaproyecto comercial y habitacional denominado Downtown Tulum (hoy rebautizado como Maya Zamá I y II) que pretende ocupar 450 hectáreas y apoderarse del ejido Pino Suárez; la guerra contra los ejidatarios es para construir ese gran proyecto y se basa en el cambio del Plan Maestro de Desarrollo impulsado por Félix González.
“El ex gobernador Hendricks se adueñó de esos terrenos para la universidad y los vendió en millones de dólares, allí han construido en terrenos arrebatados ilícitamente los hoteles Aldea Zama, Copal y Papaya Playa”, dice Columba. Pretenden construir, además un club de golf y fracturar la tierra para abrir uno de los sistemas acuíferos subterráneos, clasificado como el más grande del planeta, para hacer canales navegables semi-artificiales.
Las constructoras
La compañía Desarrollos Punta Piedra S.A de C.V es propiedad de Felipe Enríquez Hernández, ex diputado federal (PRI) por Nuevo León y ex candidato para la alcaldía de Nuevo León, Monterrey.
Hasta hace unos meses fue embajador de México en Uruguay y es compadre del presidente Peña Nieto.
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En 2001, Enríquez fue secretario particular de la Secretaria de la Reforma Agraria y tiene grandes inversiones en Quintana Roo; además, es amigo cercano del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y propietario del desarrollo turístico de Isla Blanca, al norte de Cancún, que pasó por un tortuoso litigio que los ejidatarios señalaron como despojo.
Este medio tiene en su poder el documento original de 64 páginas de la denuncia penal interpuesta por el ex gobernador Mario Villanueva Madrid en contra de sus socios en el proyecto Isla Blanca: Félix González Canto, Felipe Enríquez y Hugo Flores Toba. Estos cuatro crearon las empresas Desarrollos IM S.A de C.V y GLS4 S.A de C.V.
En su denuncia Villanueva detalla la estrategia planteada por el ex embajador en Uruguay para triangular la compa-venta de tierras ejidales y desalojar a quienes se decían posesionarios de los predios ejidales de Isla Blanca con “un grupo especial de la policía del estado capacitado para desalojos”..
En esa propiedad, Enriquez y González Canto están asociados legalmente con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás y su hermano el abogado Luis Francisco González Parás, como bien documentó el periodista Hugo Gutiérrez en una serie de reportajes denominados El compadre incómodo de Peña Nieto.
El 21 de enero de 2012 desde la prisión de Nueva Jersey, Estados Unidos, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid presentó una denuncia por fraude contra Felipe Enríquez y Félix González Canto, por haber incumplido en pagarle 40 millones de pesos por la venta de tierras ejidales de Isla Blanca a la empresa de Nuevo León. Villanueva asegura que nunca se le pagó ese dinero a pesar de que pusieron a su esposa Isabel Tenorio de Villanueva como socia de la constructora. El propio Mario Villanueva corroboró su versión para este reportaje, desde la cárcel de Nueva Jersey.
Desarrollos Punta Piedra fue creada en marzo del 2010 en Monterrey. Como miembro del Consejo de Administración aparece Hugo César Flores Toba, cuñado de Enríquez.
Las actividades empresariales de Enríquez y Flores Toba crecieron en el sureste mexicano gracias a su amistad y sociedad con el entonces gobernador Félix González. Esta sociedad mercantil tiene como proyecto el desarrollo hotelero de la zona (ejido Pino Suárez). Debido a la opacidad con al que llevan a cabo sus negocios, no queda claro si Enriquez es también socio de los constructores neoleoneses José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño, dueños del grupo constructor GP que pelea por los mismos terrenos de playa. En este momento, mientras la policía ocupa los predios ejidales, en internet se han puesto en venta los proyectos Maya Zamá I y II.
La Riviera Maya, en la que se encuentra Tulum, devino en un polo de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer mundo, sostenido con formas de organización política de tercer mundo.
En entrevista, la doctora y antropóloga Lorena Careaga, autora de diversas obras sobre Quintana Roo, explica que la crisis política, de derechos humanos y ambiental que ahora vive el estado, sólo es explicable por el choque de estos dos mundos.
La historia, explica Careaga, va desde gobernadores rupestres o vinculados con la corrupción y la delincuencia organizada como el primero, Jesús Martínez Ross (1975 a 1981) —creador del Movimiento de Unificación Quintanarroense (MUQ), que ha promovido el sectarismo y la discriminación de los no nacidos en Chetumal—, del cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, señalado por Ayda Levy , viuda de Roberto Suárez gómez “El rey de la cocaína” como aliado en la entrada del Cartel de Medellín a México vía Cozumel, Quintana Roo. Después Mario Villanueva Madrid (1993-1999, hoy preso en Nueva Jersey, sentenciado por lavado de dinero), o las multimillonarias fortunas y redes de extorsión a empresarios orquestadas por Joaquín Hendricks Díaz, quien protegiera a la red de pederastas de Cancún y aún mantiene su empresa de aviación privada junto a Mario Marín Torres. O su sucesor Félix González Canto, propietario de varias mansiones en los Emiratos Árabes y socio del grupo de Monterrey que, junto con Borge, pretende apropiarse de Tulum para convertirlo en un megaproyecto que podría destruir el equilibrio del ecosistema y la red de ríos subterráneos más grande del mundo.
Quintana Roo es ignorado por los medios nacionales porque genera una gran derrama económica, tras la cual subyace una organización social de escasa institucionalidad, con precariedad de justicia y un estilo de gestión social anclado en el caciquismo, la intervención personal y el peso decisivo de la voluntad e idiosincrasia de los gobernadores. Con mayor intensidad que en el resto del país, la sociedad civil de esta región se encuentra inerme, sin instituciones de peso frente al aparato de poder que representa la fusión de los intermediarios enriquecidos y los políticos de usos y costumbres tradicionales; por una mayoría de medios locales cooptados por el presupuesto de publicidad estatal que condiciona la libertad de prensa a la voluntad política. Ante tal vacío institucional, apenas comienzan a construirse las redes de solidaridad social.
Todos los entrevistados explican que el gobernador Borge tiene más mano dura que sus antecesores. R.T., testigo y víctima de los despojos, y quien ha recibido amenazas, asegura que “la gente tiene mucho temor, que vive con temor en Quintana Roo. Antes era por la inseguridad, ahora es por la autoridad”.
El investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, concluyó en su estudio sobre la crisis de esta zona que:
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Mientras editábamos este reportaje, el 24 de agosto recibí una llamada de ejidatarios a quienes entrevisté: el viernes 21 de agosto a las 8:30 am la policía judicial del estado entró en los hogares de tres de mis entrevistados hostigando a familiares, los buscaron por el pueblo y encarcelaron sin motivo alguno a Miguel Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano. Al mismo tiempo, la policía judicial, sin orden de aprensión detuvo a otras fuentes que habían pedido sigilo por temor a represalias: Héctor Apolinar Huesca Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva fueron retenidos por “sospechosos”, a unos de ellos le acusaron de llevar una dosis personal de mariguana. Después de ser fuertemente golpeados, los pusieron en libertad sin acusación de ningún tipo.
Esta misma semana desparecieron otras dos personas del ejido, partícipes del movimiento cívico en defensa de Tulum. Sus abogados interpusieron ya amparos para localizarlos bajo el número 1175/2015 Juzgado 4º de distrito, el 1137/2015-1 Juzgado 3º de Distrito y el 1193/2015-D-7 Juzgado 5º de Distrito. Los desaparecidos son José Tec Poot, Miguel V y un tercer testigo cuyos familiares no desean que se publique el nombre. “Esto es un levantón policiaco, tenemos miedo señorita, entiéndalo” me dijo, llorando, la esposa de uno de los desaparecidos.
Las investigaciones de las y los demás ejidatarios cuyas familias aseguran que son víctimas de desaparición forzada están en los amparos de localización 1176/2015 Juzgado 1º de Distrito, 1153/2015 Juzgado 2º de Distrito y 1136/2015 Juzgado 3º de Distrito. Los demás expedientes que señalan despojo, hostigamientos, amenazas de muerte y desapariciones o secuestro han quedado sin investigar bajo los expedientes 341/2013, 1134/2014, 251/2015, lo mismo sucede con las averiguaciones previas PGJE/DPRAM/AMP/TULUM/951/2011 y 950/2011. El temor persiste en la localidad.
Los sucesos recientes que asocian los despojos con homicidio, desapariciones forzadas, fraudes frente a los cuales el aparato gubernamental hace caso omiso, las amenazas de muerte y un férreo control informativo, no podrían darse con tal fuerza si no se hubiera planeado, desde la llegada del ex gobernador Félix González Canto, la reestructuración del Plan Maestro de Tulum para cambiar el uso de suelo y convertirlo en la joya de la corona del Caribe de la cuál todos desean una tajada.
Los pobladores de Tulum aseguran que Roberto Borge, junto a González Canto, operan un plan que se ha gestado durante al menos doce años, y del que saldrán beneficiados sólo los empresarios dispuestos a someterse al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el ecoturismo y los derechos humanos.
Nota de la reportera: Debido a las restricciones de la nueva ley Borge referente a la libertad de prensa y defensoría de derechos humanos, me vi obligada a sacar un amparo contra acciones del Estado para publicar esta investigación.
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@Lydiacachosi
